Después de haber pasado años (y años) y haber envenenado la situación, y haber llegado a extremos de ridículo, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia que debía haber sacado el primer mes después de haber recibido los recursos. Tenían razón los recurrentes—el PP, El Mundo, la Cope y Libertad Digital, y no tenían razón los independentistas catalanes (que por lo que se ve incluyen a socialistas y comunistas, además de los llamados "catalanistas")–ni tenía razón Zapatero, ni el PSOE, ni las demás fuerzas nacionalistas que aprobaron el Estatuto de Cataluña en el Congreso de los Diputados.
El Congreso fue capaz de aprobar una ley que era inconstitucional, y se ha permitido que se lleve a su aplicación durante cuatro años, multiplicando las normas y leyes sin base constitucional en la administración catalana. En la práctica, Cataluña ha estado regida desde hace años con normas inconstitucionales, viviendo una independencia o "bilateralidad" imaginaria. Son inconstitucionales las leyes que diferencian a Cataluña como un caso aparte en España, las leyes que marginan al español en favor del catalán, las leyes que instauraban un sistema judicial catalán independiente del español, las leyes propias sobre banca y cajas de ahorros, las leyes que obligaban al parlamento español a reconocer cualquier norma aprobada por el parlamento catalán.... En suma, la autodeclaración de Cataluña como una supuesta "nación" era inconstitucional, como podía saber cualquiera que no aplicase a esta cuestión el Doublethink orwelliano. Pero luego—y es lo tremendo—el Constitucional hace lo posible por evadir pronunciarse sobre esta cuestión central, y sobre todas las demás, y dejar que todas las normas anticonstitucionales sigan surtiendo efecto—menos quizá las que atañen al poder judicial. Para más inri, pues, se les ha visto la patita corporativista.
Lo grave es la manera en que el Constitucional ha tergiversado principios jurídicos o ha fingido ceguera para avalar gran número de normas que con una interpretación coherente no cabrían en la Constitución—como se verá por los votos particulares que emitirán los magistrados que han votado en contra, y según los cuales la mayoría de los artículos del estatuto son anticonstitucionales. Se ha dado un golpe de palanca más para reventar el orden jurídico vigente—desde el propio Tribunal Constitucional.
Ya hemos visto, por la comparecencia de la vicepresidenta De la Vega, que el PSOE va a fingir que no pasa nada—y seguramente los nacionalistas-socialistas catalanistas harán en lo posible lo mismo—seguirán torciendo las leyes, sin por ello privarse de protestar sonoramente contra esta sentencia y de utilizarla para hacer más patria, como de costumbre.
Todo esto habría sido menos grave hace cuatro años. Han sido ignorantes e irresponsables, si no traidores y falsarios, los diputados de las Cortes Generales al aprobar una ley claramente inconstitucional. Que se lo hubiera dicho cualquiera de primero de derecho. También el gobierno Zapatero, por alentar todo este proceso, y forzar con disciplina de voto en el PSOE una ley ilegal. Y ha sido irresponsable el Tribunal Constitucional por enfrentarse a este asunto con la boquita pequeña, con paños calientes y con todo el retraso posible. Y, sobre todo, fingiendo ceguera para declarar constitucional lo que no lo es—ni podría serlo serlo sin corromper tanto la jurisprudencia como el sentido de las palabras.
Con garantes así, España no necesita enemigos. Lo malo es que, además, los tiene—y no pocos, y trabajando desde dentro.
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Un vídeo de Libertad Digital crítico con la sentencia, y con el Estatut antes y después de las "correcciones":
Y una entrevista al magistrado José Luis Requero sobre este fallo.
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PS. Las hemerotecas no duran diez años en este país; la realidad sería demasiado dura. En fin, aquí hay un artículo sobre los avatares de este recurso y de esta infausta ley en el Tribunal Constitucional:
Martialay, Ángela.
"Cronología del Estatut." Libertad
Digital 28 June 2020.*
2020
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