Retropost #1000 (16 de junio de 2006): Botter l'Estatut

Si es posible (que no caerá esa breva). Al menos, los catalanes podéis votar que no. Pero hasta los no catalanes podéis apoyar, por ejemplo, la Enmienda 6.1.

No todas las lenguas de Cataluña pueden ser cooficiales, por operatividad. Pero esta enmienda contribuiría a deshacer el desaguisado lógico, legislativo y político a que se lleva cuando el Estatut contradice la Constitución Española.

Me parece genial que los catalanes decidan que el catalán es la única lengua que se habla en Cataluña, o la única que puede hablarse, si por ahí les da, una vez se haya reformado la Constitución para autorizarlo. Pero, lamentablemente, sigue en vigor su artículo 3.1: " El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Con cooficialidad de las otras lenguas autonómicas, etc. Al declarar el Estatut que el catalán es la única lengua oficial de Cataluña se produce una ofensa a la lógica y a la ley. Y se produce el hecho todavía más alarmante de que esto se haga con el conocimiento y la connivencia de abundantes instituciones políticas y judiciales. Semejantes arbitrariedades no pueden tolerarse, pues dejan la puerta abierta a cualquier otra arbitrariedad o ceguera selectiva en cuanto sea políticamente oportuna. Y encima, oportunismo de la peor especie: encaminado a fomentar un nacionalismo hipócrita, mezquino y egoísta.

Si estás en contra de la justicia politizada, o de la ceguera selectiva de la ley, vota la Enmienda 6.1. 

Aquellos polvos, estos lodos, y los que han de venir

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Retropost #835 (30 de marzo de 2006): Contra el Estatut,

por supuesto. Vergüenza les debería dar a los "socialistas" que le dan alas al nacionalismo. Esto es ir vendiendo el rellano del piso para pagar los gastos de comunidad, o sea, una política de insolventes. Y malas consecuencias va a tener; la primera, el Euskatut que se le va a sumar enseguida. Menuda mina en política, los demonios de Maxwell y las leyes del embudo. Aún tienen cancha para rato los nacionalistas; de aquí a Yugoslavia...; mientras se la den. Y está claro que se la dan. También los de Yugoslavia eran socialistas, se supone.




Y a favor


de que el rendimiento de los funcionarios tenga un control, y que no se pueda aplatanar descaradamente el personal y tratar al administrado con descaro y vagancia. Soy un tanto pesimista, sin embargo: porque preveo que en muchos casos se utilizará este control de rendimiento de manera tergiversada, para acosar al funcionario indeseable para el jefe o para los compañeros y someterlo a presiones con argumentos aparentemente objetivos. Ya se sabe: con el amigo, tan amigos y vista gorda; al enemigo, con que le apliques la ley, ya lo machacas. Es otra aplicación de la ley del embudo, que sin duda veremos proliferar. (Y si nos metemos ya en si el funcionario no paga la cuota a Esquerra, o en si no habla la lengua que manda el gobierno de turno... ya ni te digo).

Tres naciones distintas y un solo Estado verdadero

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Una sentencia vergonzante

Mucho se ha escrito sobre los sorprendentes criterios jurídicos (o políticos) que viene aplicando el Tribunal Constitucional en sentencias importantes que afectan, como ésta, a la estructura del Estado y a derechos fundamentales. No sería bueno que semejante actuación quedase sin comentario en la web del Tribunal Constitucional. Aquí hay un par de comentarios al respecto. http://vanityfea.blogspot.com/2010/06/el-constitucional-pone-el-huevo.html

con referencia a:

"Pleno. Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010 - Recurso de inconstitucionalidad 8045-2006. Interpuesto por noventa y nueve Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña." - Sentencias (ver en Google Sidewiki)

 

 

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña

 

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Hasta las narices de tanto Presidente

Hasta las narices, de tanto presidente autonómico comportándose como el presidente de una nacioncilla—y sobre todo de Zapatero dándole alas a Montilla, prometiéndole hallar vías "legales" para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional, y seguir tratando a Cataluña como si fuese una nación extranjera. Encantado está el presidente con que Cataluña siga su camino infinito hacia el iilimitado autogobierno, y va a ayudar en lo que pueda. Ya hay aquí mil leyecillas distintas en cada ciudad y cada región y cada rincón—como para poder presuponer que estamos en el mismo país, en algún sentido práctico; como no conozcas las normas locales, vas dado, pues todo son ya normas locales. Y aquí tenemos a Montilla, insistendo en que Cataluña es una nación diga lo que diga el Tribunal Constitucional—como si el cargo que ocupa él no dependiese del sistema constitucional español. En otro país, esto se llamaría desviación de poder, y alta traición al cargo. Aquí, se le recibe en palacio con alfombra roja. Este individuo (y tantos catalanes con él) ya están comportándose de hecho como si fuesen país aparte, que razón no les falta, quejándose por las injerencias de un tribunal constitucional que les es ajeno. En un país con un sistema judicial coherente, estos individuos (Montilla, Zapatero) hubieran sido retirados del cargo e inhabilitados hace tiempo, pero en la dinámica balcanizante tomada por España, son los que se crecen y van viento en popa, a donde sopla el viento. En España, hacemos como que no pasa nada, como si nada tuviera consecuencias, dejándoles hablar como si no fuera con nosotros lo que hagan—y que vayan trampeando la ley o vaciándola de sentido. Parece mentira la importancia que tiene un liderazgo bueno o malo, y los ejemplos que dan los gobernantes, el clima que imponen. Si desde arriba se nos mandan señales de que las leyes están para trampearlas, o que da igual lo que digan porque ya las torceremos a conveniencia, eso no deja de tener consecuencias. Más bien se derrama esa influencia desde el vértice bajando por toda la pirámide—así de patético es el personal, y así se deja llevar por el clima—y el trilerío y mangoneo de los líderes, instaurando sus leyecillas en lugar de la ley, acaba por instaurar el trilerío y el mangoneo, y las leyes impuestas por corrillos en sus taifas, como la manera establecida e inteligente de hacer las cosas. Como si fuesen esos ejemplos los que hacen falta en España, que ya desde siempre está demasiado dispuesta a hacer que la ley sea letra muerta, y a dejar que mande quien manda. De este país es de donde salen estos individuos, claro—y lo hacen cada vez más a su imagen y semejanza. Aquí una tertulia de Libertad Digital crítica con todas estas cosas:







(PS, 2020: Ay los vídeos de hace 10 años... en Libertad Digital desde luego no los cuidan).

División del Reino

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Ley sin efectos legales

De El País de hoy, sobre uno de los puntos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña:

El alto tribunal aclara que "no cabe pretender legítimamente" que la enseñanza se imparta "única y exclusivamente en una de las dos lenguas cooficiales". "Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas (...) como vehiculares", concluye. El consejero de Educación del Gobierno catalán, Ernest Maragall, manifestó ayer que considera que la interpretación del Constitucional no conduce a ningún cambio en el modelo lingüístico escolar.

Esto puede tomarse como representativo, sobre todo tras ver ayer cómo el presidente autonómico encabezaba una manifestación independentista.

O sea, que la ley se va a seguir trampeando e incumpliendo, y que la mafia nacionalista va a seguir imponiendo sus políticas de facto, diga lo que diga el Constitucional, o la ley, o quien sea. Las "interpretaciones" que se hagan de la sentencia pueden contradecir sin más lo que dice el texto, mientras mande quien manda. Aquí la ley que va a misa es la ley de la fuerza—la que impone quien manda, pasándose el derecho, la constitución, la jurisprudencia y las sentencias por el arco de triunfo, para interpretar la voluntad inequívoca del pueblo. Ese es el mensaje que más claro queda después de tanto comentario jurídico—un mensaje del más puro corte... sí, —fascista.

Pero este cáncer de ilegalidad catalán va a tener efectos fatídicos en el resto del sistema. Un país que permite que sus gobernantes actúen así— socavando e ignorando las leyes, o cumpliéndolas cuando conviene al que gobierna, está comprando boletos para la ruina total.

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PS, sobre la manifestación de Barcelona de ayer, un comentario pongo en Facebook:

La manifestación supongo que junta tanto catalanismo sentimental de ese inexplicable como un proyecto independentista muy directo y poco vago. Ahora bien, quienes hayan asistido no siendo partidarios de la secesión con España, esos sí que creo que no han entendido gran cosa de la situación presente.
Bastante atinado me parece el comentario de Pío Moa al respecto. Y lo que dijo Vidal-Quadras: “Efectivamente –vino a decir—los nacionalistas tienen un plan, el plan de disgregar España, y lo siguen en cuanto tienen oportunidad. Pero enfrente no hay plan alguno. Y quienes actúan de acuerdo con un plan, terminan ganando a los que no lo tienen”.

El fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán

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El fallo del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán

En la tertulia de César Vidal:

Martialay, Ángela. "Cronología del Estatut." Libertad Digital 28 June 2020.*

         https://www.libertaddigital.com/nacional/especial-cronologia-del-estatut-1276396175/

         2020

_____. "El Constitucional avala el Estatuto catalán." Libertad Digital 28 June 2010.*

         https://www.libertaddigital.com/nacional/el-constitucional-aprueba-la-sentencia-del-estatuto-de-cataluna-1276396183/

         2020

El Tribunal Constitucional pone el huevo

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Un ministro satisfecho

Declaraciones del ministro de justicia sobre el Estatut y la sentencia del Constitucional. Que muestran qué tipo de personaje es el que puede llegar a ministro (y cuáles, en cambio, se quedan por el camino):

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño se ha congratulado por la sentencia del Estatut. Para Caamaño, autentico muñidor de los acuerdos parlamentarios, "de 39.000 palabras sólo 300 son inconstitucionales" según ha afirmado en Espejo Público de Antena 3.

Esto viene a ser como si en esta frase que tiene unas cien palabras, yo voy y digo que las declaraciones del ministro son declaraciones más propias de un BOTARATE, y alguien, quizá esa misma persona, dijese que en mi declaración sólo había una palabra problemática, y que por tanto le parecía en conjunto muy correcta y acertada—demostrando que concibe el lenguaje y la redacción de las leyes, o la estructura de las instituciones, como una especie de acumulación inorgánica o un montoncillo de elementos sueltos sin estructura ni coherencia.

Caamaño no considera que "su criatura" se encuentre mutilada y ha querido compartir responsabilidad en el fallo "la criatura es producto de los representantes de España. Yo he ayudado y ayudé como Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, pero lo importante es que el modelo de Estado es plenamente constitucional".

A ver. Este señor, y su partido, y sus socios, y la Comisión Constitucional del Congreso, avalaron una ley que resulta que contenía unas cuantas patas inconstitucionales. Y ahora se le quitan esas patas. ¿Dónde han estudiado Derecho toda esta gente? Ah, ya—en el Komintern del partido.

Por cierto, que la última frase presupone que esta ley ha cambiado nada menos que EL MODELO DE ESTADO, cágate lorito. Y se queda tan ancho, el tío.


El ministro ha aprovechado para atacar al PP, valedor del recurso. Así Caamaño ha querido recordar críticas populares como que el Estatuto "rompía España, que generaba privilegios, que se llevaba el dinero de España, que implicaba a la bilateralidad (...)" para sentenciar que "quiero recordar que todo eso es Constitucional". Para Caamaño "se ha encontrado el camino".

O sea, que estaría tan feliz y orondillo, el ministro, si el PP no presenta el recurso y la ley tira para adelante con sus catorce artículos inconstitucionales. Y con sus veintitantos que requieren traducción para que no lo sean. Y con los otros cien que reposan en estos, y que el Constitucional ha decidido envolver en un tupido velo y pasar.

Francisco Caamaño pasa también por ser uno de los ideólogos de la solución al concepto de nación en el preámbulo. Para Caamaño esta salida no es suya. "La decisión es del Constitucional, no del ministro de Justicia pero es cierto que los preámbulos de las leyes no son de control jurídico"como dicta una sentencia del propio tribunal. Sentecia que el PP conoce y que "han aprovechado en contra".

Uno de tantos apaños jurídicos perniciosos. O sea, que si estuviese en el cuerpo sería inconstitucional, y no podría estar, se presupone, pero en el preámbulo no importa. Perfecto, oigan. Menudo preámbulo para cualquier actuación subsiguiente.

José María Calleja ha cuestionado al ministro si quien ha ganado ha sido el Gobierno y Caamaño ha terciado que "quien ha ganado ha sido España. Se trata de una interpretación que está dentro de la Constitución", "no sólo de Cataluña sino de otras Comunidades Autónomas que han cambiado también su estatuto, que en su esencia es similar del Estatut".

Sí, "todos café", ya se sabe. España ya es un caos de normas distintas en cada ayuntamiento, en cada comunidad y en cada Universidad. Si se espera que ese "estilo nacional" sea lo que le dé el carácter unitario al país, aquí hay algo que falla de entrada.

El ministro también resta importancia a las objeciones populares. "El Constitucional ha dicho que en los grandes temas: derechos del estatuto, bilateralidad, competencias y financiación" no hay ninguno resquicio de inconstitucionalidad. "Tan sólo hay un inciso precisado por el Constitucional" sobre la bilateralidad. "Y es verdad que el tribunal declara la competencia exclusiva para el Estado en la materia de derechos judiciales" pero el "Constitucional declara inconstitucional de este ámbito sólo un artículo, 97 y porque reafirma que los Consejos de Justicia son competencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Ay, miren, un detallito que se le había pasado por alto—porque esto de la jurisprudencia es muy complicado. Que eso no lo sabía el ministro, vaya—y miren, llega a ministro y se pega cenas de ministro. O igual es que le da lo mismo así que asá, por lo que parece. Y lo de la bilateralidad, para este ministro todo le suena bien mientras la línea del partido vaya por allí. ¿Unidad de España? Si significa lo mismo que Multiplicidad de España. Que sea un país, u otro, o diecisiete, qué más da, la Constitución puede significar cualquier cosa, y la ley también según quien la interprete. Miren, en eso sí que coincide el ministro con el Tribunal Constitucional—que nada significa nada en última instancia.

En definitiva para el ministro, "las conclusiones implican que se trata de una reiteración de un mismo inciso en 3 artículos, salvo lo que tiene que ver con el concepto de preferente sobre lengua catalana". "Aunque el tribunal la reconoce como lengua vehicular de la administración, de la enseñanza...".

Y que no le pregunten al ministro si ve ahí alguna incoherencia con el artículo de la constitución sobre la lengua española como lengua oficial de todo el país. No: no lo ve ni él ni el Constitucional. Pero todo perfecto, seguimos de ministro, o de magistrado, aunque las leyes no signifiquen nada—es que si significasen algo, no estaríamos de ministro, o de magistrado, con este equipamiento que tenemos de intelecto y de criterio.

Sobre la reacción popular, para Caamaño, "comenzando desde el primer aspecto la sentencia por encima de interpretable tiene una valoración objetiva, de 193 artículos cuestionados, 187 son constitucionales. No se llega al 1 % de 39.000 palabras que tiene el estatuto solo 300 son inconstitucionales y esto es un dato objetivo."

Este individuo desconoce no sólo el concepto de sintaxis, sino también el de semántica, el de estructura textual, y el de jurisprudencia. Y el de prudencia sin juris—porque sólo un imprudente puede creer que las leyes fundamentales pueden ser de plastilina, y que se puede hacer que no signifiquen nada, sin que eso tenga consecuencias no ya futuras, sino a cada momento.

En defensa de la Constitución

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El Tribunal Constitucional pone el huevo

Después de haber pasado años (y años) y haber envenenado la situación, y haber llegado a extremos de ridículo, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia que debía haber sacado el primer mes después de haber recibido los recursos. Tenían razón los recurrentes—el PP, El Mundo, la Cope y Libertad Digital, y no tenían razón los independentistas catalanes (que por lo que se ve incluyen a socialistas y comunistas, además de los llamados "catalanistas")–ni tenía razón Zapatero, ni el PSOE, ni las demás fuerzas nacionalistas que aprobaron el Estatuto de Cataluña en el Congreso de los Diputados.

El Congreso fue capaz de aprobar una ley que era inconstitucional, y se ha permitido que se lleve a su aplicación durante cuatro años, multiplicando las normas y leyes sin base constitucional en la administración catalana. En la práctica, Cataluña ha estado regida desde hace años con normas inconstitucionales, viviendo una independencia o "bilateralidad" imaginaria. Son inconstitucionales las leyes que diferencian a Cataluña como un caso aparte en España, las leyes que marginan al español en favor del catalán, las leyes que instauraban un sistema judicial catalán independiente del español, las leyes propias sobre banca y cajas de ahorros, las leyes que obligaban al parlamento español a reconocer cualquier norma aprobada por el parlamento catalán.... En suma, la autodeclaración de Cataluña como una supuesta "nación" era inconstitucional, como podía saber cualquiera que no aplicase a esta cuestión el Doublethink orwelliano. Pero luego—y es lo tremendo—el Constitucional hace lo posible por evadir pronunciarse sobre esta cuestión central, y sobre todas las demás, y dejar que todas las normas anticonstitucionales sigan surtiendo efecto—menos quizá las que atañen al poder judicial. Para más inri, pues, se les ha visto la patita corporativista.

Lo grave es la manera en que el Constitucional ha tergiversado principios jurídicos o ha fingido ceguera para avalar gran número de normas que con una interpretación coherente no cabrían en la Constitución—como se verá por los votos particulares que emitirán los magistrados que han votado en contra, y según los cuales la mayoría de los artículos del estatuto son anticonstitucionales. Se ha dado un golpe de palanca más para reventar el orden jurídico vigente—desde el propio Tribunal Constitucional.

Ya hemos visto, por la comparecencia de la vicepresidenta De la Vega, que el PSOE va a fingir que no pasa nada—y seguramente los nacionalistas-socialistas catalanistas harán en lo posible lo mismo—seguirán torciendo las leyes, sin por ello privarse de protestar sonoramente contra esta sentencia y de utilizarla para hacer más patria, como de costumbre.

Todo esto habría sido menos grave hace cuatro años. Han sido ignorantes e irresponsables, si no traidores y falsarios, los diputados de las Cortes Generales al aprobar una ley claramente inconstitucional. Que se lo hubiera dicho cualquiera de primero de derecho. También el gobierno Zapatero, por alentar todo este proceso, y forzar con disciplina de voto en el PSOE una ley ilegal. Y ha sido irresponsable el Tribunal Constitucional por enfrentarse a este asunto con la boquita pequeña, con paños calientes y con todo el retraso posible. Y, sobre todo, fingiendo ceguera para declarar constitucional lo que no lo es—ni podría serlo serlo sin corromper tanto la jurisprudencia como el sentido de las palabras.

Con garantes así, España no necesita enemigos. Lo malo es que, además, los tiene—y no pocos, y trabajando desde dentro.

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Un vídeo de Libertad Digital crítico con la sentencia, y con el Estatut antes y después de las "correcciones":





Y una entrevista al magistrado José Luis Requero sobre este fallo.

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PS. Las hemerotecas no duran diez años en este país; la realidad sería demasiado dura. En fin, aquí hay un artículo sobre los avatares de este recurso y de esta infausta ley en el Tribunal Constitucional:

Martialay, Ángela. "Cronología del Estatut." Libertad Digital 28 June 2020.*

         https://www.libertaddigital.com/nacional/especial-cronologia-del-estatut-1276396175/

         2020

Epidemia tribal

En defensa de la Constitución

Como si fuese un periódico catalán, yo tampoco tengo problemas en reproducir editorales ajenos cuando estoy de acuerdo con ellos. O básicamente de acuerdo. Este comentario sobre el Tribunal Constitucional y su aún hipotética sentencia sobre el estatuto de Cataluña lo pasa el Foro Ermua:

EN DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN


EL FORO ERMUA RESPONDE AL EDITORIAL CONJUNTO DE DOCE PERIÓDICOS CATALANES SOBRE LAS DELIBERACIONES DEL T.C.


Bilbao 26 de Noviembre de 2009

Doce periódicos catalanes han coordinado sus posiciones para aumentar la presión al Tribunal Constitucional ante la Sentencia sobre el nou Estatut. Renuncian así a su independencia, se ponen al servicio de determinados poderes políticos locales y se acercan a un modelo de prensa más propio del franquismo que de una democracia.

El editorial resulta tan burdo que funciona a modo de boomerang contra quienes lo suscriben; es el mejor ejemplo de cómo la constitucionalidad del Estatut es indefendible con argumentos jurídicos y sólo mediante la coacción y la presión política tiene posibilidades de superar el filtro del Constitucional.

Ampuloso y frívolo al considerar que es nada menos que la dignidad de Cataluña la que está en juego con la Sentencia del nou Estatut, el editorial no explica cómo es posible que sólo un 35,78 % de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto apoyara un texto en el que, según su propia hipérbole, radica su dignidad.

En todo caso en poco valora su dignidad quien la hace depender de una resolución sobre la inadecuación a la Constitución de su Estatuto autonómico en lugar de hacerla residir en el nivel de libertad de sus ciudadanos, en su solidaridad, en su capacidad para aportar al bien común o en la justicia de sus actos.

El editorial demuestra desconocimiento o mala fe y ánimo de desinformar cuando denuncia que el Tribunal Constitucional se va a convertir en una cuarta Cámara. Nada más falso. La función del Constitucional es bien clara : tiene que controlar el funcionamiento de las Cámaras y determinar si la normativa aprobada se adecua a la Constitución. Para eso fue creado y ésa es la función que debe cumplir frente a cualquier Ley, incluida la Orgánica del nou Estatut. Pretender lo contrario por el mero hecho de que una Ley haya sido aprobada por el Parlamento español y el catalán y refrendada por los ciudadanos catalanes es propio del populismo más antidemocrático: cuando el derecho no ampara, se viola la legalidad mediante la demagógica apelación al “pueblo”. No es nada nuevo, pero ése no es el sistema que las democracias reales nos hemos impuesto. Nuestros ordenamientos no son inmutables, pero existen unos procedimientos para su reforma que no pueden ser trampeados.

Porque lo que está pidiendo el editorial es que nos olvidemos de lo que dice la Constitución y que se dé el visto bueno al texto por motivos políticos. No argumenta de manera alguna sobre la hipotética constitucionalidad del nou Estatut, limitándose a anunciar grandes males si se declara inconstitucional y a calificar de irreductibles a los magistrados que no se muestran propicios a sus intereses. Desde el FORO ERMUA consideramos francamente positivo mostrarse irreductible si de lo que se trata es de oponerse a una mutación constitucional a través de la aprobación de un Estatuto. Y esta irreductibilidad sería positiva tanto porque supone una defensa de la Constitución y, por tanto, del Estado de Derecho, como porque en este caso beneficia a los ciudadanos al mantener espacios comunes con mayores oportunidades, más derechos, más igualdad y más libertad.

El dilema, como dice el editorial, se plantea entre avance o retroceso, poniéndose en juego la propia dinámica constitucional y el marco de convivencia que los españoles nos dimos.

Sin duda estaríamos ante un grave retroceso y una quiebra de la dinámica constitucional si se aceptara que Cataluña es una nación política cuando la Constitución diferencia claramente (arts. 1 y 2) entre la nación (considerada como ámbito de soberanía política) y nacionalidades (consideradas como ámbitos con particularidades históricas y culturales relevantes), sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución si se aceptara romper la unidad del poder judicial español que queda establecida sin duda alguna (arts. 117.5, 122, 123, 125 y 149.1 5ª) en la Constitución, sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar la obligatoriedad del catalán cuando la Constitución establece únicamente la obligación de conocer el castellano (Art. 3.1), habiéndose excluido expresamente la obligación de conocer las lenguas regionales en el debate constitucional al rechazar una enmienda en ese sentido del Sr. Trías Farga porque “sería clara la discriminación y sería romper el principio de libertad de comunicación y establecimiento de todos los españoles, incluso los funcionarios” (Diario de Sesiones nº 104, 5/7/78, pág. 3856), también sería un retroceso y rompería con lo dispuesto en la Constitución aceptar levantar difusas barreras entre los españoles, romper la unidad de los cuerpos de notarios, jueces, secretarios judiciales, registradores, etc., restringir la competencia del Parlamento para la realización del presupuesto, aceptara terminar con la igualdad en los derechos básicos de los españoles, romper los mercados laborales, o que las relaciones entre España y Cataluña se sometan al principio de bilateralidad, olvidando así la pluralidad de España que está compuesta por diecisiete autonomías y reduciendo el papel del Estado central al de mero coordinador entre diecisiete miniestados. Esos son los riesgos reales de retroceso y ruptura del marco de convivencia al que nos enfrentamos.

Tampoco conviene olvidar que frente a lo que pretende el editorial no será el TC cumpliendo con su deber quien rompa con la dinámica constitucional, sino que ha sido el propio procedimiento para la aprobación del nou Estatut el que ha roto la dinámica propia de la Transición donde los acuerdos sobre el marco jurídico básico eran adoptados por consenso. Por primera vez desde 1978 se ha aprobado un texto estatutario sin acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales que representan a más del 80% de los españoles, con el rechazo expreso del 44,64% del Parlamento nacional y con un fuerte rechazo popular tanto en Cataluña como en el resto de España.

El unísono editorial no niega que se esté tratando de mutar la Constitución a través de un mero Estatuto de autonomía, pero exige que no se frene esta maniobra. Apela, como no podía ser de otra manera, no a argumentos jurídicos sino al miedo, anunciando problemas para la convivencia y respuestas por parte de Cataluña. Desde el FORO ERMUA podemos asegurar que una Sentencia acorde con la Constitución no provocará ningún problema grave de convivencia; el riesgo para la convivencia no se encuentra en una Sentencia ajustada a la Constitución, sino precisamente en la falta de respeto del marco constitucional. Las amenazas del nacionalismo siempre quedan en nada, entre otras cosas, porque ellos son los primeros beneficiados del sistema que pretenden torpedear. Por otro lado, los unánimes editorialistas no están legitimados para hablar en nombre de Cataluña, puesto que sólo son representantes de intereses más cercanos a la estructura caciquil del Antiguo Régimen que a los intereses de los catalanes: no olvidemos que el 64,22 % de los ciudadanos de Cataluña no apoyó el nou Estatut.

Por mucho que lo exija una docena de periódicos cuya independencia han sacrificado a favor del poder político, el Estado de Derecho no debe someterse a los intereses de unos pocos. No se trata de mirar airadamente a la identidad catalana como pretende el editorial. No hay nada más fácil que inventarse un enemigo para no tener que debatir con el adversario real y nada más fácil para ocultar los intereses propios que identificarlos con el de todos los ciudadanos.

La oposición al Estatuto de Cataluña de 2006 no tiene nada que ver con la animadversión hacia Cataluña ni hacia el catalán. De lo que se trata es de oponerse a discursos propios de los reaccionarios antidemocráticos del siglo XIX y a la reducción de derechos de los ciudadanos. Se trata, precisamente, de preservar en beneficio de todos el marco de convivencia fijado por la Constitución y que es puesto en peligro por el nou Estatut. Es este marco de convivencia el que tiene que defender el Constitucional. Es la libertad de los españoles, incluidos los catalanes, para establecerse sin barreras difusas en cualquier lugar de España y para optar por la educación y lengua que deseen, es la igualdad de derechos y la solidaridad interterritorial, es la unidad del poder judicial, es un Estado con competencias y medios para funcionar eficazmente, es España como ámbito de decisión común y de unidad frente al exterior, son los acuerdos alcanzados en la Transición los que deben ser protegidos y son las presiones desde el nacionalismo y parte del partido socialista las que ponen en peligro estos acuerdos.

El Tribunal Constitucional tiene la obligación de dictar ya una Sentencia fundada en derecho y que proteja el espíritu y la letra de la Constitución. Seguir retrasando la Sentencia sólo conllevará un mayor desprestigio del Tribunal, un aumento de las presiones y un incremento de las dificultades para revertir la normativa dictada al amparo de una norma inconstitucional. La situación resulta ya insostenible.

Nuestros prohombres (y nuestras promujeres)

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