Publicado en Política. com. José Ángel García Landa
Opinión sugerida por el reciente sarampión de debate sobre la ley de banderas, sobre la quema de retratos del rey, etc. Y que vengo expresando en algunos blogs políticos que no me son antipáticos, como Crónicas Bárbaras o Voto en Blanco.
Primero: las banderas y demás símbolos políticos oficiales merecen respeto. Esto no a título de opinión particular mía, o de sentimentalismos patrióticos (tipo "bannerita tú ereh rohaa, bannerita tu ereh gualdaaa") o gusto por los colores (a mí me mola más el rojo que el morado, etc.)—no. Merecen un respeto neutral y de oficio, precisamente como tales símbolos del principio de legalidad y del orden político. Va de por sí en la labor de un funcionario o cargo público el hacer cumplir la legalidad, y los símbolos estatales simbolizan precisamente eso: el orden social y político vigente, las reglas del juego.
(Y viceversa: la transigencia de las autoridades con las ofensas a los símbolos es en sí misma un símbolo de que no se desea mantener el orden mismo en virtud del cual ostentan la autoridad—o que desean jugar con reglas no escritas, detrás de las reglas).
Segundo: en una democracia, la disidencia y la tolerancia son parte del contrato político. Por eso casan mal con el espíritu democrático las persecuciones a quienes atentan simbólicamente contra ese orden—por muy dudoso, opresivo o antidemocrático que sea el sistema que a ellos se les vea desear en su lugar. Por ello puede parecer excesiva la ley actual que criminaliza las ofensas a la figura del jefe del Estado de manera un tanto vaga, pues se presta a iniciativas judiciales desmedidas o desafortunadas, e incluso ambivalentes—como el secuestro de la revista El Jueves este verano, donde ya no se sabe si era el dibujante el ofensor, o el fiscal, que con la boca pequeña buscaba desestabilizar a la Corona.
Creo que es buena medida la que respeta tu derecho a quemar tu bandera nacional, y permitir así que expreses tu antagonismo al Estado, sin que por ello se te multe o encarcele para nada, y puedas así ejercer libertad de expresión como mejor te parezca. Eso sí: que la bandera sea tuya, comprada con tus ahorros, y no, por supuesto la mía, o la bandera institucional de un edificio público, en cuyo caso es más que oportuna una ley mucho más severa contra el vandalismo, con tipificación especializada.
¿Sin consecuencias, pues, la quema de banderas? Pues tampoco. Hay una figura penal que es la lógica y adecuada para estos casos: no daña económicamente al ciudadano, ni le priva de libertad de movimientos. Es la inhabilitación para ocupar cargos públicos, o incluso para tener empleos públicos, y recibir subvenciones oficiales, por el tiempo que se determinare (¡arre!). Esto ya gusta menos a los "antisistema", que siempre lo son sólo para lo que les interesa, y gustan de dar patadas al sistema sin que éste ofrezca contrapartidas. Y si es posible recibiendo subvención además—cosa que en la España Zapatera está servida.
Una persona que expresa su antagonismo al Estado, a la Constitución y, en fin, a las instituciones garantes de la ley, malamente puede quejarse de que no se la considere fiable para ocupar puestos de responsabilidad pública en ese mismo sistema que quiere desmantelar (o dinamitar, en algunos casos). O, por hablar con más precisión, bien puede quejarse esa persona, pero es un grave error por parte del Estado atender a esa queja, y permitir a los antisistema que sean sistemáticos en la aplicación de la ley del embudo, dejándoles nadar y guardar la ropa, y comerse además el pastel.
¿Que usted es independentista/secesionista? Genial; pues séalo de un modo civilizado, y respetando la constitución—es decir, trabajando por lograr un acuerdo político para reformarla al gusto de usted, pero por métodos constitucionales. ¿Que prefiere quemar banderas españolas? Vale, pero entonces debe ser que no quiere ser concejal o diputado de un sistema tan combustible. O si quiere, que bien puede, mal está que el sistema se lo permita. Porque con eso el sistema se vuelve combustible de facto, y no en efigie; un sistema que trata por igual a sus partidarios y a sus enemigos manifiesta la voluntad de su propia destrucción—y para eso ya están los antisistema, ¿no?
Multarles con inhabilitación para puestos no es perseguir a los disidentes: es hacer que su disidencia tenga valor moral, porque tiene un pequeño precio, renunciando a ciertas orientaciones profesionales. En otro orden de cosas, yo también renuncio a ganar mucho dinero no haciéndome fontanero.
Así pues, debería impedirse ipso facto el ejercicio de cargo público a todo alcalde etc. que no alce la bandera constitucional en la institución de la cual es responsable. Por ley. Y multar—a ese sí, con duretes—al consistorio u órgano administrativo en cuestión. Opino yo.
Porque esto que digo es mi opinión sobre cómo deberían ser las leyes. Ahora bien: de hecho, son de otra manera que yo no he elegido, pero que es el estado de la cuestión del consenso actual. Y entretanto no se cambien esas leyes, por procedimientos legales, han de cumplirse. Con penas para quienes ofendan símbolos patrios, sí, y con castigo a quienes ofendan a la figura del rey. No porque lo diga yo, no, ni porque me guste—sino porque lo dicen las leyes. Y el consenso social sustentado en cumplir las leyes, todas y siempre, es de carácter más básico que el que sirve de apoyo tal o cual ley concreta.
Aberrante es, por tanto, que el ministro de Justicia diga que no se va a cumplir la ley de banderas, y que no le preocupe esta situación. (O, más bien, que sólo se va a cumplir en lo relativo a ikurriñas y banderas catalanas, y no en lo relativo a la bandera española). Este señor, o elemento, debería estar haciendo cualquier cosa menos tener un puesto de responsabilidad política, en el que no va a hacer sino cuidar de que se aplique una siniestra ley del embudo, donde no hay ley sino para quienes aceptan cumplirla. O, como dice la vicepresidenta, sólo para quienes estén convencidos por la ley, sin forzar a nadie. Los demás, se van de rositas o no, según decidan los que mandan el cotarro en cada sitio.
Y esa bandera invisible, la de la ley no escrita, de la arbitrariedad y los hechos consumados—de la ley de los poderosos y caciques locales, y del oportunismo—esa la bandera que alza el gobierno Zapatero, al mantener arriada la bandera constitucional.
