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sábado, 19 de agosto de 2023

El voluntarismo y la ley

Según Ramiro de Maeztu  (en La crisis del humanismo, 170-72):

Todo lo que hay de cierto en la afirmación de que el voluntarismo contribuye a fortalecer los caracteres es el hecho de que una acción no es plenamente buena sino cuando, además de ofrecernos un buen resultado, está inspirada por una intención igualmente buena. No cabe duda de que es mejor la acción del hombre que se alista voluntariamente para la defensa de su patria, que la del que es reclutado contra su voluntad y sólo va al regimiento compelido por la voluntad irresistible de los demás ciudadanos. Y esto es lo único cierto que se dice al afirmar la superioridad moral del sistema voluntario sobre el obligatorio. Lo que no puede decirse es que sea mejor la acción del que se alista voluntariamente que la del que vota el servicio obligatorio a sabiendas de que ello envuelve para él la obligación de incorporarse a filas. Tampoco es mejor el acto del que hace voluntariamente una donación a un hospital que la del que vota una ley para que se le imponga, al mismo efecto, una contribución equivalente al donativo voluntario. Se objeta que el carácter obligatorio de la ley hace perder al individuo el sentimiento de su responsabilidad. Pero esto es falso. Ser responsable es ser responsable ante alguien que no sea uno mismo. Ser responsable meramente ante uno mismo es precisamente ser irresponsable. La buena teoría es la que todo hombre es responsable de sus intenciones ante Dios y de sus actos externos ante los demás hombres. Decir que sólo se es responsable ante la propia conciencia no es prueba de moralidad, sino de soberbia. Lo moral es vivir no solamente en casa de cristal, sino con el presupuesto al aire libre, y aceptar con humildad el veredicto del jurado, aun en el caso de que nos fuese adverso y de que lo creyésemos injusto. Porque es mucha verdad que, como dice Stuart Mill, un hombre solo puede tener razón contra el mundo entero, pero lo probable es que el mundo tenga razón contra nosotros.

Lo que le falta al método voluntario es precisamente la moralidad "superior". Porque decir que el hombre debe cumplir voluntariamente con su deber no es nada superior, sino muy elemental. Claro está que cada individuo tiene el deber de cumplir con su deber, pero también tiene el de velar porque su vecino cumpla con los suyos, y el de ayudar a la policía cuando ésta tenga que detener a su vecino, por haberlos dejado incumplidos. Todo lo que hace el sistema voluntario es permitir. Lo mismo permite al pundonoroso cumplir su deber, que al desaprensivo dejarlo incumplido. El general en jefe necesita un millón de hombres para salvar la patria amenazada; que vengan los que quieran, que se queden en casa los que no. Hacen falta doscientos millones para asilos, hospitales y escuelas; que los den los generosos, que se queden con su dinero los miserables. A esta carencia de justicia y de método se la llama sistema. No cabe duda de que es cómoda. Es innecesario que los estadistas se quiebren los sesos para organizarla; pero no sólo es a la larga ineficaz, sino injusta desde su comienzo. Construye la sociedad para beneficio de los malos y sacrificio de los buenos; la funda en el espectáculo del egoísmo impune. Pero la suprema virtud del método compulsivo, que es el democrático, consiste precisamente en que obliga al egoísta a servir al bien común. Antes de la compulsión, el "objetante concienzudo" es un hombre que no quiere servir a su patria y que tampoco la sirve. Después de la compulsión, la sirve, aunque de mala gana. De los dos males se ha eliminado uno. Verdad que queda el espectáculo penoso del hombre compelido a hacer lo que no quiere. Pero este espactáculo, que es el del malo castigado, es preferible al del malo triunfante. Se pretende, en suma, que lo moralmente superior es no hacer leyes, para que no habiendo leyes no haya tampoco criminales. Se olvida que, según el Fuero Juzgo, las leyes se hacen para que los buenos puedan vivir entre los malos, y para que los malos se hagan buenos o, por lo menos, no puedan hacer daño.

 

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jueves, 10 de septiembre de 2015

Personal convictions and the law

On the convenience of distinguishing our personal convictions from the laws of our country. Even in the case in which they should happen to be the same—but especially when they are not. Conscientious objection should (and usually does) have a price.

I contribute the following commentary to a Facebook conversation concerning the Kim Davis case (Kim Davis is a public employee jailed for obstructing gay marriages in the USA), and this article by Lawrence Krauss, who according to some is close to a totalitarian view in his assertion of the universal obligation to follow the law.
Personal convictions are indeed a justification to break the law, but not in the eyes of the lawgivers or the law enforcers. These also have personal convictions, backed by democracy and the law, which prevent them from tolerating any personal appropriation of the law. One is justified in front of oneself to break the law, all the more so if one disagrees strongly with the laws and wants to draw attention to their injustice. But the price of this public statement is public punishment, otherwise there's no sense in the very notion of law.
It is only logical, therefore, that the result of a personal conviction strongly asserted beyond the bounds of the law should be... a personal conviction after a prosecution. That there should be some punishment is only logical; whether the specific punishment is just or unjust, excessive or too lenient, is another question for debate (although a not altogether unrelated one).

Conservative moralists (including such mavericks as Montaigne or Hobbes—or Krauss) have always asserted the convenience of following the laws of one's country, and the wisdom of shaping one's ethics in accordance to them. But that gives too little scope to human diversity, interaction and creativity, and it underestimates the role of opposing ideologies, human interests and of social conflicts. As to myself, I try to distinguish between personal ethics, or ethics generally, and the laws governing the public sphere, even if those laws are "democratic" or "progressive". The laws will always be, to some degree, in conflict with personal desires or convictions, or with those of most specific interest groups or ideologies. Being the result of a consensus (of a elaborately constructed consensus in the past) the laws cannot be expected to mirror our personal beliefs or the principles of our party. That is their very essence, and thence the desirability of trying to think like the law, promoted by these moralists, in order to minimize social conflicts. Not to mention accepting and following the law whether you like it or not. But sometimes the conflicts will out, and this only reflects the basic state of affairs: that our personal ethics (or the ethics of our group) is one thing, and what the laws establish as lawful, desirable or reasonable is another. It is often interesting to watch these conflicts coming to a head, as they represent social conflicts and they are often the engine of social change, or of resistance to change as in the Kim Davis case.

The archetypal case of such conflicts between the law and personal ethics was the trial of Socrates, and Socrates himself accepted (rather infuriatingly in my view) the justice of his punishment. Or rather, and this is a paradox, he established the justice of accepting an unjust sentence; a logical position in his own case, as Socrates was illogical himself; he was not trying to change the laws of Athens, as can be seen in his calm acceptance of punishment and his refusal to escape. Instead, he was setting himself as a paradoxical figure, the thinker who may step beyond the bounds of what is acceptable to his society, and yet remain faithful both to his thought and to the laws of his country.

Kim Davis is another case—she is a militant who refuses to accept what she sees as an immoral law. As she is trying to make a political statement, it is all the more necessary that the conflict be carried to a head, and that involves both punishment and the rejection of the justice of that punishment. There is freedom of conscience indeed, but it is not a political freedom when it involves political decisions. And it comes with a price tag. Not that one cannot bargain, that's also a part of the political game. The very notion of personal ethics under the law is a kind of bargain, and an uneasy compromise, but it is one we cannot renounce—however much we may seek a desirable accomodation.





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martes, 5 de mayo de 2009

Los límites de la resistencia a las leyes injustas


Comentario puesto al artículo "Deber de resistencia ante leyes injustas" de José Carlos García Fajardo.

Dice el autor que "Oponerse a leyes injustas que países europeos han puesto en marcha contra la inmigración ilegal es un derecho inalienable de todo ciudadano."

Es un derecho, e incluso una obligación moral, el procurar que se cambien las leyes injustas. Ahora bien, para el Estado (no para cada cual) lo que determina qué es justo y qué es injusto es la ley. La ley también regula la objeción de conciencia a las leyes y las modalidades de oposición a ellas, y sus límites. Pero defender un derecho a no cumplir una ley injusta es un razonamiento siempre conflictivo y paradójico, pues normalmente no estamos dispuestos a que el vecino se oponga con el mismo ahínco que nosotros a una ley que él considera injusta pero que a nosotros nos parece tan normal. No existe ni puede existir (legalmente) el derecho a oponerse a la ley con procedimientos ajenos a la propia ley. 

Eso quiere decir que si no está reconocido el derecho a la objeción de conciencia en un caso determinado, esa obligación moral de oponerse a la ley injusta tiene un precio que pagar. No es gratis: los límites de la propia moral se defienden de las leyes mediante los disimulos, los acatamientos fingidos o de boquilla, y en última instancia mediante las multas y la cárcel para quien insista en hacer pública su desavenencia con las leyes, y en poner su criterio ético personal por encima de la ley.




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