Opinión sobre símbolos políticos
Publicado en Política. com. José Ángel García Landa
Opinión
sugerida por el reciente sarampión de debate sobre la ley de banderas,
sobre la quema de retratos del rey, etc. Y que vengo expresando en
algunos blogs políticos que no me son antipáticos, como Crónicas Bárbaras o Voto en Blanco.
Primero: las banderas y demás símbolos políticos oficiales merecen
respeto. Esto no a título de opinión particular mía, o de
sentimentalismos patrióticos (tipo "bannerita tú ereh rohaa, bannerita
tu ereh gualdaaa") o gusto por los colores (a mí me mola más el rojo que
el morado, etc.)—no. Merecen un respeto neutral y de oficio,
precisamente como tales símbolos del principio de legalidad y del orden
político. Va de por sí en la labor de un funcionario o cargo público el
hacer cumplir la legalidad, y los símbolos estatales simbolizan
precisamente eso: el orden social y político vigente, las reglas del
juego.
(Y viceversa: la transigencia de las
autoridades con las ofensas a los símbolos es en sí misma un símbolo de
que no se desea mantener el orden mismo en virtud del cual ostentan la
autoridad—o que desean jugar con reglas no escritas, detrás de las
reglas).
Segundo: en una democracia, la disidencia y
la tolerancia son parte del contrato político. Por eso casan mal con el
espíritu democrático las persecuciones a quienes atentan simbólicamente
contra ese orden—por muy dudoso, opresivo o antidemocrático que sea el
sistema que a ellos se les vea desear en su lugar. Por ello puede
parecer excesiva la ley actual que criminaliza las ofensas a la figura
del jefe del Estado de manera un tanto vaga, pues se presta a
iniciativas judiciales desmedidas o desafortunadas, e incluso
ambivalentes—como el secuestro de la revista El Jueves
este verano, donde ya no se sabe si era el dibujante el ofensor, o el
fiscal, que con la boca pequeña buscaba desestabilizar a la Corona.
Creo que es buena medida la que respeta tu derecho a quemar tu
bandera nacional, y permitir así que expreses tu antagonismo al Estado,
sin que por ello se te multe o encarcele para nada, y puedas así
ejercer libertad de expresión como mejor te parezca. Eso sí: que la
bandera sea tuya, comprada con tus ahorros, y no, por supuesto la mía, o
la bandera institucional de un edificio público, en cuyo caso es más
que oportuna una ley mucho más severa contra el vandalismo, con
tipificación especializada.
¿Sin consecuencias, pues, la
quema de banderas? Pues tampoco. Hay una figura penal que es la lógica y
adecuada para estos casos: no daña económicamente al ciudadano, ni le
priva de libertad de movimientos. Es la inhabilitación para ocupar
cargos públicos, o incluso para tener empleos públicos, y recibir
subvenciones oficiales, por el tiempo que se determinare (¡arre!). Esto
ya gusta menos a los "antisistema", que siempre lo son sólo para lo que
les interesa, y gustan de dar patadas al sistema sin que éste ofrezca
contrapartidas. Y si es posible recibiendo subvención además—cosa que en
la España Zapatera está servida.
Una persona que
expresa su antagonismo al Estado, a la Constitución y, en fin, a las
instituciones garantes de la ley, malamente puede quejarse de que no se
la considere fiable para ocupar puestos de responsabilidad pública en
ese mismo sistema que quiere desmantelar (o dinamitar, en algunos
casos). O, por hablar con más precisión, bien puede quejarse esa
persona, pero es un grave error por parte del Estado atender a esa
queja, y permitir a los antisistema que sean sistemáticos en la
aplicación de la ley del embudo, dejándoles nadar y guardar la ropa, y
comerse además el pastel.
¿Que usted es
independentista/secesionista? Genial; pues séalo de un modo civilizado, y
respetando la constitución—es decir, trabajando por lograr un acuerdo
político para reformarla al gusto de usted, pero por métodos
constitucionales. ¿Que prefiere quemar banderas españolas? Vale, pero
entonces debe ser que no quiere ser concejal o diputado de un sistema
tan combustible. O si quiere, que bien puede, mal está que el sistema se
lo permita. Porque con eso el sistema se vuelve combustible de facto, y
no en efigie; un sistema que trata por igual a sus partidarios y a sus
enemigos manifiesta la voluntad de su propia destrucción—y para eso ya
están los antisistema, ¿no?
Multarles con inhabilitación
para puestos no es perseguir a los disidentes: es hacer que su
disidencia tenga valor moral, porque tiene un pequeño precio,
renunciando a ciertas orientaciones profesionales. En otro orden de
cosas, yo también renuncio a ganar mucho dinero no haciéndome fontanero.
Así pues, debería impedirse ipso facto el
ejercicio de cargo público a todo alcalde etc. que no alce la bandera
constitucional en la institución de la cual es responsable. Por ley. Y
multar—a ese sí, con duretes—al consistorio u órgano administrativo en
cuestión. Opino yo.
Porque esto que digo es mi opinión
sobre cómo deberían ser las leyes. Ahora bien: de hecho, son de otra
manera que yo no he elegido, pero que es el estado de la cuestión del
consenso actual. Y entretanto no se cambien esas leyes, por
procedimientos legales, han de cumplirse. Con penas para quienes ofendan
símbolos patrios, sí, y con castigo a quienes ofendan a la figura del
rey. No porque lo diga yo, no, ni porque me guste—sino porque lo dicen
las leyes. Y el consenso social sustentado en cumplir las leyes, todas y
siempre, es de carácter más básico que el que sirve de apoyo tal o cual
ley concreta.
Aberrante es, por tanto, que el ministro de
Justicia diga que no se va a cumplir la ley de banderas, y que no le
preocupe esta situación. (O, más bien, que sólo se va a cumplir en lo
relativo a ikurriñas y banderas catalanas, y no en lo relativo a la
bandera española). Este señor, o elemento, debería estar haciendo
cualquier cosa menos tener un puesto de responsabilidad política, en el
que no va a hacer sino cuidar de que se aplique una siniestra ley del
embudo, donde no hay ley sino para quienes aceptan cumplirla. O, como
dice la vicepresidenta, sólo para quienes estén convencidos por la ley,
sin forzar a nadie. Los demás, se van de rositas o no, según decidan los
que mandan el cotarro en cada sitio.
Y esa bandera
invisible, la de la ley no escrita, de la arbitrariedad y los hechos
consumados—de la ley de los poderosos y caciques locales, y del
oportunismo—esa la bandera que alza el gobierno Zapatero, al mantener
arriada la bandera constitucional.
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