El Tribunal Constitucional lleva casi ocho años con el recurso contra la ley del aborto de Zapatero aparcado debajo de un fajo de legajos—presumiblemente sine die. Esto es algo más que vagancia o dejación: es sabotear deliberadamente su función garantista, y cometer uno de los delitos más graves que se puedan cometer en un Estado. Es transformar al Estado de Derecho en rehén de un pacto discreto entre quienes se han apoderado de una institución pública de importancia crucial. Es prevaricar al por mayor, corromper la ley, y demostrar por los hechos que la única que rige en última instancia es la ley del embudo, y la ley que impone quien está más allá de la ley.
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