Ejecución bajo mínimos

Tras recibir nuestra reclamación exigiendo criterios objetivos para asignar docencia, el Rectorado nos ha contestado, en lugar de aplicarnos el silencio administrativo como suele hacer. Un detalle que es de agradecer—pero eso sí, ha contestado poco. A regañadientes, dio trámite administrativo a la sentencia de los Juzgados, que exigía que la asignación de docencia se haga con criterios objetivos. Y nos comunica ahora que "con fecha 26 de abril" comunicó a los Juzgados la ejecución de una sentencia, la 268/09, y "con fecha 5 de mayo" remitió la documentación relativa a la ejecución de la otra sentencia, la 203/09.

Y nos dice que todo trámite futuro con la ejecución de estas sentencias tiene que hacerse a través del Juzgado (o sea, que el Rectorado no va a atender ninguna petición que no sea ordenada por los jueces).

Tampoco nos da a conocer a los interesados qué documentación es la que ha enviado al Juzgado—o sea, qué dice el escrito en el que justifica haber cumplido (supuestamente) las sentencias. Se presupone que si lo hemos de conocer, no será a través de la Universidad, como elementos ajenos que al parecer somos, sino como reclamantes en el Juzgado. Como si los perjudicados por la actuación ilegal del departamento, apoyada por la Universidad y corregida por sentencia, fuésemos la parte contraria a los intereses de la Universidad. Al parecer, a juicio del Rectorado, si nunca se hubiesen enmendado en los tribunales estas actuaciones ilegales, mejor estaríamos todos, y con menos trabajo. Es una manera de entender lo público que—por decirlo suavemente—no comparto.

Esto es cumplir con la ley bajo mínimos, y sólo si hay obligación perentoria de hacerlo. Si han de aplicarse las sentencias, desde luego no será por el entusiasmo que ha manifestado el Rectorado por aplicarlas, ni por facilitar las cosas a quienes hemos denunciado fechorías administrativas en los recovecos de la Universidad. Luego, claro, se encuentran con que tienen lo que tienen.

Defendiendo a la Universidad

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