Servicio público

Ya nos dicen los gitanos que pocas cosas se consiguen con pleitos. Sobre todo si los pierdes. Aunque para mí, perder un pleito sobre una cuestión de oposiciones es poco significativo: está el tema tan blindado, entre las maquinaciones de la Comisión, el blindaje de silencio administrativo del Rectorado, las limitaciones impuestas por la discrecionalidad técnica, y la renuencia general de la administración a corregirse a sí misma, que milagro sería conseguir algo en ese terreno.

Así pues, no me he llevado mucha sorpresa con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la cátedra que quedó vacante, aunque no deja de caerse la mandíbula al ver la mísera categoría, por no decir calaña, de los argumentos a que se ven obligados a recurrir sus Ilustrísimas para correr un tupido y mandar el caso al archivo de los pleitos perdidos. Con sello, eso sí: es lo esencial, los papeles en su sitio, y las quejas por los atropellos lógicos y jurídicos, al maestro armero.

Más mérito tiene lograr que la Administración sí intervenga sobre sí, y mande deshacer algo de lo hecho, como ha pasado en el otro juicio contencioso administrativo, el motivado por las maniobras de los Grupos para apropiarse del máster y el doctorado. Aquí en Ibercampus explico un poco más el tema.

La cuestión es que a estas alturas aún no sabemos qué asignaturas daremos el año que viene: si el Departamento va a obedecer la orden del juez, tratarnos sin discriminaciones ilegales, y rehacer el plan de ordenación docente de los dos últimos años, o si van a intentar torear la resolución del juez, como ya hicieron en su día con la del Rector.

Por supuesto habíamos advertido a la Dirección del departamento, y a los coordinadores del máster, y a nuestros compañeros que les votan, por activa y por pasiva, que por ese camino no iban a ninguna parte, más que a estrellarse contra un muro. Pero bueno, ellos habrán considerado que iban mejor aconsejados siguiendo al Líder.

De momento la cosa sí ha cambiado algo: quizá gracias a nuestra resistencia, hemos conseguido que se nos empiece a tener en cuenta. Así como en años anteriores primero ni siquiera se nos tenía en cuenta a la hora de solicitar docencia en máster, o se nos eliminaba sin baremarnos diciendo que no éramos de los equipos de investigación, este año ya empieza a cambiar la cosa. Se empieza a seguir un sistema con visos de legalidad, albricias. Este año hemos solicitado docencia por orden de jerarquía y antigüedad (como toda la vida) y no se nos ha dicho que no estábamos capacitados ni cosas parecidas. Y han tenido que ser los profesores más recientes que ahora están en el máster, quienes gracias a la normativa ilegal se nos habían colado puesto, quienes aleguen que también quieren dar esa docencia ya elegida por nosotros. Una pequeña cuestión de orden formal. Aunque el resultado es, también, que de momento no se nos ha asignado docencia en postgrado.

Ahora se supone que el conflicto éste lo tiene que dirimir, mediante un informe de "idoneidad", a ver quién es más "idóneo", la Comisión de Docencia. Pero lo primero que ha hecho la Comisión de Docencia es pasarle la pelota a la Comisión de Postgrado. Ya veremos en qué queda la cosa. De momento, lo que queda claro de la sentencia del juez (si se opta por acatarla) es que la "idoneidad" se habrá de determinar por criterios que sean

a) objetivos,

y

b) justos.

Porque "la pertenencia a grupos de investigación subvencionados" es un criterio objetivo, pero lo ha anulado sin embargo el juez, como todos los criterios que se establecían en postgrado en base a consideraciones especiales por la orientación de la investigación etcétera... y lo ha anulado "por incurrir exactamente en la misma antijuridicidad que se denunció y resolvió en la resolución de 12-5-2007 del Rector". Ya anuncia el juez que la normativa departamental de "resolución de conflictos" es de "difícil aplicación por lo confuso y contradictorio".

En efecto, resulta que si ahora un profesor de los que no tienen docencia fijada se queda sin la que ha solicitado, por no ser "idóneo", pues entonces no queda claro si puede desplazar a otro de los que ya han elegido docencia, con lo cual se crea otro conflicto, otra propuesta de resolución, y vuelta a empezar. Por eso digo que es un procedimiento de generación de conflictos, no de resoluciones, eso de que un profesor pueda solicitar la docencia que otro ya ha elegido en base a su mayor antigüedad.

Luego está por ver cómo se aplica el baremo de resolución de conflictos: porque ya se hizo un baremo para esto hace años, pero jamás se ha aplicado. Parece que in extremis siempre se encuentra la manera de no recurrir a baremar méritos. Dicho sea que, aparte de todo, baremar es todo un arte, y el mismo baremo se puede aplicar de mil maneras distintas, unas más objetivas y otras más subjetivas.

Y también está por ver si nuestra dirección, nuestra coordinadora del Doctorado, nuestras comisiones y nuestro Consejo optan por hacer caso al otro juez, el que les ha ordenado que incluyan nuestros nombres en el programa de doctorado visto que es contrario a derecho excluirnos (otra cosa que también les ordenó el Rector, y que si quieres). Por lo que se resisten desde hace años a hacerlo, la coordinadora y sus co-coordinadores, debe ser muy doloroso, pero que muy doloroso, eso de incluirnos. O igual es por eso que decía la Dra. Onega, que había una aplicación informática que le impedía hacerlo.... Igual están pidiendo asesoramiento a algún ingeniero informático.

Si es que cuando pleiteamos es por algo, no por afición a los juzgados. Y cuando pleiteamos contra la Universidad de Zaragoza, no es para jorobar a la Universidad, ni por afán destructivo, sino para que la Universidad aplique su propia normativa y sea lo que tendría que ser. Para que sea un sitio donde hay normas, no dobles raseros; para que no sea un cúmulo de intrigantes inventando protecciones especiales para sus feudos y corrillos. Mis buenos euros me cuesta pleitear, así que considérenlo un servicio público.

A juicio

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