ETA, el gobierno, y la separación de poderes

Comunicado de prensa del Foro Ermua:

VALORACIÓN DEL FORO ERMUA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Bilbao, 5 de mayo de 2011. Desde enero de 2010 el Presidente del PSE, Jesús Eguiguren, anunció en diversas entrevistas cuál sería el desenlace de la soterrada negociación del Gobierno con ETA: su brazo político estaría en las elecciones de la mano de EA. Así ha sido.

Ha sido así gracias a la falta de separación de poderes que padecemos en España desde que en 1985 el PSOE, con una histórica mayoría de 202 diputados, decidió que el órgano de Gobierno de los jueces, el que decide los nombramientos, ascensos, sanciones, permisos… tenía que ser elegido en su totalidad por los partidos políticos a través de sus representantes en las Cámaras. Este sistema convirtió a la justicia española en una justicia dependiente del poder político, del poder de los partidos políticos. Y así ha continuado por voluntad de esos mismos partidos políticos: el PP con su mayoría absoluta poco cambió  esta lamentable situación.

El PSOE sabía que no podía permitirse el daño electoral que supondría no impugnar las candidaturas de ETA. Por ello, igual que hizo durante la anterior fase de la negociación con la banda terrorista, ha decidido representar una mascarada y utilizar sus resortes en el mundo de la justicia para obtener el resultado deseado sin asumir sus consecuencias. Poco les ha importado el daño, quizás irreversible en el corto y medio plazo, que pueda provocar esta pantomima a las Instituciones.

La responsabilidad del ejecutivo y el PSOE es evidente: no sólo se acredita por las numerosas noticias sobre las presiones sufridas por los magistrados del Supremo y del Constitucional desde el ejecutivo, o por las declaraciones de diversos miembros de máxima relevancia dentro del Partido destinadas a crear un clima que permitiera la legalización de la nueva Batasuna, empezando por el propio Lehendakari Patxi López, o por el milimétrico cumplimiento de la hoja de ruta esbozada hace ya año y medio por el Presidente del PSE. La prueba definitiva la aporta el propio Presidente del Gobierno cuando ante la amenaza de retirada de los apoyos del PNV, la respuesta es: esperad hasta que se pronuncie el Constitucional. Si el PNV rompe con el PSOE es por una diferencia insalvable en planteamientos políticos esenciales. ¿Qué trascendencia tendría a estos efectos que los tribunales impidieran al ejecutivo que sus propósitos se vieran realizados? Ninguna, puesto que la voluntad política es exactamente la misma. Si el Presidente del Gobierno se ampara en lo que resuelva el Constitucional y el PNV lo acepta es porque, de manera inequívoca, ambos saben que la Sentencia del intérprete de la Constitución depende de la voluntad del Gobierno. De hecho, han sido los magistrados nombrados por el PSOE los que han permitido a ETA estar en las elecciones. En realidad no ha habido cambio de criterio entre el Supremo y el Constitucional, porque los magistrados –con una honrosa excepción- se han mantenido fieles a quienes los han nombrado tanto en el TS como en el TC. Lo único que ha cambiado ha sido la composición de dichos tribunales. ¿Qué más prueba se necesita?

España necesita entrar de manera imperiosa en un proceso de regeneración. Y uno de los elementos básicos sobre los que debe apoyarse es la reconstrucción de la independencia de la Justicia y de su prestigio. Nos jugamos mucho con ello. Nos jugamos que se reproduzcan representaciones como la sufrida en estos días cuyo resultado será que, una vez más ETA accederá al censo electoral y dispondrá de información para sus objetivos, volverá a ganar poder político y extenderá su amenaza por los ayuntamientos, podrá repartir prebendas y mantener ordenado su gallinero y la banda terrorista será subvencionada por todos los españoles.

Nadie puede valorar cómo afectará esta decisión a la lucha por la derrota de ETA pero, desde luego, no va a salir gratis. Debemos agradecérselo al Partido Socialista y a los magistrados que lo han permitido. No cabe duda que nuestra democracia está herida de muerte, a pesar del civismo heroico de las víctimas del terrorismo, del que no existe presente en ningún otro país. Una vez más el Gobierno de Zapatero y el PSOE se han atrincherado en las más altas instituciones del Estado para eludir responsabilidades, burlándose de las víctimas del terrorismo y del conjunto de la ciudadanía española que clama por la erradicación de ETA y por impedir relegitimar y financiar a la banda y a su entorno en las instituciones.

El Foro Ermua se adhiere y anima a todos los ciudadanos a manifestarse el próximo sábado 14 de mayo en toda  España, secundando la convocatoria de VCT y la AVT.

Abogado de la ETA

 

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