Órgano "competente"

Sostiene la Universidad de Zaragoza en un juicio contencioso administrativo que es exigible pertenecer a grupos de investigación subvencionados para enseñar en un Máster oficial o para dirigir tesis doctorales. Increíble.

El 15 de junio ha tenido lugar en el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza la vista del caso "José Ángel García Landa y Beatriz Penas contra Universidad de Zaragoza". En cuanto a mí, es el tercer contencioso con el que llego a los tribunales, en desavenencia con mi departamento y universidad. El asunto esta vez es, básicamente, si se nos puede excluir del máster oficial y del doctorado, como se ha hecho, por no tener una subvención, o más en concreto por no pertenecer a los grupos de investigación subvencionados que dirigen los propios coordinadores del postgrado. Ojo que el criterio no es "tener méritos de investigación en el área"—que yo tengo tres sexenios. El criterio es pertenecer a los grupos dirigidos por los coordinadores del postgrado, pues sólo así "encajas" en su línea. Feudalismo reloaded, vamos.

Nuestra abogada ha argumentado una vez más que los criterios usados por el Departamento son antijurídicos, y que como tales han sido anulados en dos ocasiones por el Rector. Y que a pesar de eso el departamento los sigue utilizando con diversas triquiñuelas: cambiándolos de sitio, de una fase del procedimiento a otra, o bien diciendo que no son "criterios excluyentes" sino "preferentes".

(Esto último es como quitar de un autobús el cartel de "negros no" para poner uno de "preferentemente blancos". Y echarle el alto al negro en cuanto intenta subir al autobús, diciéndole: "Tch, tch. 'Preferentemente blancos'. ¿Es que no sabes leer—negro?". Así, con recochineo. Porque no crean que nos ponen al final de la lista.)

Bien, pues tras dos resoluciones en las que el rector Pétriz se desmelenó, anulando esos criterios "grupales" del departamento, la Universidad guardó luego un religioso silencio y pasividad cuando el departamento siguió incumpliendo esas resoluciones del Rector, y ha venido permitiendo que siga haciéndose obligatoria la pertenencia a grupos de investigación subvencionados. Lo permite por el sistema de no ejecutar sus resoluciones, o mejor aún, no resolver nada y guardar silencio administrativo (contra su obligación legal, por cierto).

En este contencioso podría haber optado la Universidad por esa elegante e inoperante postura, hacerse la Esfinge, y no aparecer por el juicio. Pero no: envía a su abogado a defender la postura del Departamento, como ya hizo el mes pasado en un caso parecido. Y sólo se puede hacer esto con pésimas argumentaciones, echando nubes de humo sobre los datos, y en última instancia defendiendo el proceder de la Administración sea cual sea—jurídico o antijurídico. Ahora resulta que por boca de su abogado la Universidad sí que defiende que el Departamento tiene derecho a organizar la docencia, porque es el órgano competente. Le falta añadir "y puede hacerlo con los criterios que le venga en gana, aunque hayan sido declarados antijurídicos por el Rector." Se queda sólo en la primera parte del razonamiento: que el si Departamento es competente, pues a correr, no se hable más. Esto no tiene mucha base jurídica. Supone que no hay normas ni criterios generales, y que en lugar de una universidad, tenemos cincuenta pequeñas universidades cada cual con su ley y sus criterios que ya decidirán las fuerzas vivas cuáles son.

¿De verdad quiere esta universidad promover que sea exigible la pertenencia a grupos de investigación para poder dar clases en máster, o para dirigir tesis doctorales? ¿Y quiere que se sepa que esos son sus criterios? Si no es eso lo que quiere, no se entiende esta actuación incoherente.

Por otra parte, con un proceder así, la Universidad contribuye a que no haya justicia ni asomo de ella en su funcionamiento interno. Y a que todo el mundo acepte mansamente las actuaciones feudales del corrillo local, sean conformes a derecho o no. Porque cualquiera que presente un recurso contra un procedimiento antijurídico ya sabe que tendrá que batallar no sólo contra el centro o departamento que lo promueva, sino luego también contra la propia Universidad de Zaragoza, aunque ésta hubiera desautorizado en primera instancia al mal proceder de ese centro o departamento. Pues luego le envía a su abogado a apoyar lo que antes consideraba contrario a derecho: o sea, lo envía a defender a la administración haga lo que haga. Menudo criterio: así sí que va bien administrada la cosa pública. Todo un programa, vamos.

(Texto enviado hoy al Rincón de Opinión de la Universidad de Zaragoza).

Tercer contencioso

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