—sobre acceso, carrera, acreditaciones, docencia e investigación en la Universidad. Estos comentarios añado al final:
1. No creo que haya ningún sistema de acceso a los cuerpos docentes exento de problemas, o que no ofrezca ventajas a la par que inconvenientes. Más importante que el procedimiento en sí es la existencia de un proceso de reclamaciones que sea fiable y se atenga a criterios explícitos y verificables. En la actualidad las decisiones de las comisiones son inapelables, y bajo la excusa de la discrecionalidad técnica se efectúan manipulaciones y arbitrariedades vergonzosas, que ofenden a los principios mismos más elementales de las disciplinas en cuestión, a la razón y a la lógica, y si es preciso hasta a la aritmética — sin que las instancias rectorales o judiciales se dignen intervenir ante las denuncias. Con ello no se logra sino desanimar sobre cualquier atisbo de racionalidad a la hora de cuestionar las decisiones de una comisión contratadora. Es especialmente escandalosa la diferencia a este respecto entre la contabilización de méritos y uso de baremos en las plazas no permanentes, que se hace al milímetro y al cuarto de punto, y la arbitrariedad total e impresionismo en los concursos de acceso a plazas de funcionario, donde cuenta ante todo (y en realidad únicamente) el apoyo con que llega el candidato.
2. Debe fomentarse más la transparencia pública (obligatoria, institucional) de la actividad docente e investigadora. Deberían existir foros públicos, arbitrados por las propias universidades públicas, donde se pudiese valorar el diseño de las titulaciones y la actividad de los profesores.
3. En cuanto a la investigación subvencionada con fondos públicos, debería hacerse pública en sitios de libre acceso en red, aplicando una ley que ya se sacó al respecto pero que es ignorada.
4. La actuación de las comisiones de acreditación de la CNEAI es poco transparente y con frecuencia arbitraria y atropelladora. Existe la convicción de que se rigen por criterios de amistades, escuelas (o mejor grupitos), y contactos, y algunas decisiones son abiertamente ilegales y arbitrarias —por ejemplo la penalización por publicar en lengua española (en contradicción flagrante con lo que hacen los propios miembros de la comisión, por cierto). Otras veces este criterio no se aduce ni se aplica. En suma: ARBITRARIEDAD SIN CONTROL.
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