Des gouvernants insensés et abusifs

 

El Rey ignora la cuestión de la legitimidad

El Rey, en su propuesta de candidato, se ha atenido únicamente a la legalidad. La legitimidad se la ha pasado por el forro tanto como Sánchez. Otro gran responsable de la situación en la que estamos.

— JoséAngelGarcíaLanda (@JoseAngelGLanda) January 6, 2020

Urge que el Rey no proponga a estafadores y enemigos de España como candidatos. Que para eso está ahí, para tener criterio. Si no, que no le pasen los papeles.

— JoséAngelGarcíaLanda (@JoseAngelGLanda) January 6, 2020

El rey ha de "proponer un candidato a investidura, oídos los grupos políticos". No puede proponer candidatos ilegales, ni ilegítimos. Si no tiene criterio que usar para ello, que le pasen un sello con su firma al conserje.

— JoséAngelGarcíaLanda (@JoseAngelGLanda) January 6, 2020

Varapalo europeo al golpismo catalanista

⚖️Varapalo del TEDH a los golpistas: desestimado el recurso de Forcadell contra el TC porque está "mal fundado"

🖊️Por @miguelpr83 https://t.co/ldgUrw4kMK

— La tarde de Dieter (@eslatarde) 28 de mayo de 2019

Vox contra el comercio ilegal

Lucharemos desde el Ayuntamiento contra las mafias del tráfico de las personas y las mercancías ilegales, contra los top manta que arruinan a nuestros comercios.#TuVozEnMadrid #EspañaViva pic.twitter.com/2xvLD9mZqp

— Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) 20 de mayo de 2019

La igualdad ante la ley brilla por su ausencia

Los disturbios de Lavapiés

Actuaciones contra el golpismo catalán

Que no las ha promovido Mariano, sino VOX.  Si de Mariano dependiese, no habría ningún detenido aún.

Jiménez Losantos, Federico. "Federico a las 6: 'Estamos con Rajoy'." EsRadio 21 Sept. 2017.*

         http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2017-09-21/federico-a-las-6-estamos-con-rajoy-117582.html

         2017

_____. "Federico a las 7: La Guardia Civil detiene a 14 altos cargos." EsRadio 21 Sept. 2017.* http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2017-09-21/federico-a-las-7-la-guardia-civil-detiene-a-14-altos-cargos-117584.html

         2007

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Retropost #1509 (16 de marzo de 2007): Leyes orgánicas y Constitución

Esta mañana me decía una amiga que está totalmente en contra de la ley de Igualdad Efectiva de Género, que creo que se llama, y que acaba de ser aprobada por el Congreso. Yo tengo la mente dividida con esto de las cuotas, pero ella lo veía como completamente inconstitucional desde el principio: es "discriminación por razón de sexo"—y supongo que si se entiende así, de hecho debería ser inconstitucional hasta la discriminación positiva (que siempre es discriminación negativa para quien no tiene el rasgo positivo, claro).

Pero "inconstitucional" quiere decir dos cosas muy distintas, le decía yo: (1) "que a tí esa ley te parezca inconstitucional". Esta no va a misa. Otra, (2) la que sí va a misa: "que el Tribunal Constitucional haya dictaminado que esa ley es inconstitucional". Hay cosas que son inconstitucionales en los dos sentidos, otras sólo en el primero, otras sólo en el segundo.

A lo que voy es que hay leyes del actual gobierno, por ejemplo ésta, o la del matrimonio gay, o la de la transexualidad, o el asunto de la Educación para la Ciudadanía en la LOE, que parecen inconstitucionales a mucha gente, y de hecho se opone a ellas el primer partido de la oposición. Ahora bien, ¿se recurren ante el tribunal constitucional? ¿Prosperan esos recursos? Eso ya es más dudoso.

Me llama especialmente la atención que, siendo que organizaciones como la Iglesia, o el PP, se hayan opuesto tan frontalmente al asunto del matrimonio gay, no está en las noticias que nadie haya presentado un recurso contra esa ley. Es curioso que frente a tantos gritos airados no haya una actuación jurídica efectiva, o al menos no llegue a las noticias y no sea objeto de debate. De hecho, a esta otra ley de las cuotas femeninas ni siquiera ha votado en contra el PP (se ha abstenido)—cuánto menos presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Otra cosa sería que prosperase, claro. Porque ya hemos visto que cosas claramente inconstitucionales (en el sentido 1) resultan ser plenamente constitucionales (en el sentido 2). Hace poco leía yo en El País que según un eminente jurista "casi todo" cabía en una lectura adecuada de la constitución. Y en una inadecuada, añadiría yo, cabe todo, sin casi.

¿Alguien sabe, por cierto, qué aplicación efectiva va a tener esta ley en la Administración? ¿Se convocarán plazas de funcionario "para mujer", o será la constitución física del opositor un criterio eliminatorio, si el órgano en cuestión, o el cuerpo en cuestión (me refiero al organismo administrativo, o al cuerpo de catedráticos, etc.) ya cuenta con un exceso de varones, o de mujeres?

¿Se aceptarán dentro de las cuotas los nombramientos condicionados al cambio administrativo de sexo?










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PS.: Diez años después. El Tribunal Constitucional nos proporciona bellos ejemplos de los dos sentidos de "inconstitucionalidad".

Uno: El Partido Popular presenta un recurso contra el matrimonio unisexual, y (contradiciendo la letra e intención legislativa de la Constitución) el Tribunal Constitucional lo rechaza, con lo cual el "matrimonio gay" pasa a ser plenamente constitucional. El PP, por su parte, no intenta cambiar la ley cuando obtiene de nuevo mayoría absoluta, lo cual también es para mirárselo.


Dos: El mismo Partido Popular presenta en 2010 un recurso contra la ley del aborto, que ha pasado con Zapatero de ser un delito a ser un derecho. Y esta vez el Tribunal Constitucional resuelve el expediente por la vía del silencio administrativo: ya llevamos más de siete años a la espera de la respuesta al recurso. Probablemente llegará antes el Juicio Final. En cuanto al PP, a pesar de su mayoría absoluta, tampoco deroga la ley y mantiene el aborto como un derecho, contradiciendo la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional.

Y a correr.

La falacia de la lengua oficial

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Francis Fukuyama: The Origins of Political Order: From Prehuman Times to...

Tres años (o treinta) de golpe de estado

Golpe de estado con armas

Sobre el golpe naci de Cataluña.

Muchas cosas hay absurdas en el golpe de Estado secesionista de Cataluña, pero me centraré en una sola, un "pequeño detalle" que al parecer pasa desapercibido a muchos analistas. Me ahorro otros comentarios sobre el prominente ´hecho diferencial´ de los nacionalistas catalanes que, a decir de Boadella, es la xenofobia.

En la misma ceremonia de apertura de la nueva legislatura, en el Parlamento catalán, la presidenta proclamaba la República catalana in fieri, y se iniciaban  (una vez más) los trámites "legales" para la secesión. Aclararé primero que considero que es ésta una maniobra sin ninguna posibilidad de apoyatura legal —y me refiero a legal en la la legislación española. Se trata de la apropiación, desviación y perversión de las instituciones democráticas españolas para otros fines, los de una coalición de nacionalistas extremistas y socialistas catalanistas, una cóctel infumable al que por abreviar y aclarar llamaré los nacionalistas-socialistas o los nacis. Otros nombres se podrían elegir, por ejemplo, teniendo en cuenta el componente republicano —los nanos, quizá— o los futuros estrellados,  si nos atenemos a la bandera agitada, una súbita inspiración que les llegó tras treinta años de agitar senyeras y de hacernos creer que era aquélla su bandera.

La maniobra se apoya en una nación catalana, inexistente políticamente, para crearla. Es un ejercicio de bootstrapping como dicen los ingleses, consistente en levantarse a uno mismo del suelo tirando de los cordones de los zapatos. Se puede hacer, si tiras lo bastante fuerte—se hace, guerra mediante, cada vez que se secesiona una nación de otra, por ejemplo en las Américas. Hay que crear el nuevo estado invocando una legalidad que no existe, e imponerla para que exista. (Ver, para más disquisiciones al respecto, a cuenta de la Declaración de Independencia norteamericana, mi Aclaración de la Declaración).

Considerando esto, cabe observar que los nacis están apropiándose de unas instituciones y de unos puestos y poderes públicos creados para otros fines, y desviándolos de su finalidad. A los insultos a la lógica, a los perjurios a la Constitución, a la prevaricación, etc., hay que añadirle pues una gigantesca maniobra de desviación de poder, orquestada desde las mismas instituciones que pretenden suprimir (un parlamento autonómico y un gobierno local). Pero no abundaremos más en lo obvio.

Lo que quiero subrayar, el pequeño detalle, es que esto no se hace de modo pacífico, o "sin armas" (como decía García Albiol, y piensan al parecer todos los demás). No se hace una revolución sin armas. Puede que no se pegue un tiro, pero las armas están allí. El gobierno catalán tiene transferidas las competencias de seguridad, y por tanto el poder coactivo de aplicar la ley en su territorio (su ley, sea la que sea en la práctica). Por tanto, en el mismo acto de desviación de poder y perversión de las instituciones va implícita la apropiación súbita de la fuerza coactiva que pertenece al Estado español  y a una de sus administraciones, y se la vuelve contra él. Aunque de momento no anden los mossos a tiros con la guardia civil, y aunque confíen sus jefes en que ese momento no va a llegar nunca, por dejadez y cobardía de las autoridades de Madrid, que siempre evitarán la confrontación directa, como han venido haciendo hasta ahora.

En suma: el golpe de Estado es de por sí, un golpe violento, pues supone un cambio del titular del derecho de violencia institucional, y de las fuerzas del orden encargadas de garantizar ese derecho. Si el gobierno catalán amaga con imponer una ley, es porque cuenta con que tendrá el poder coactivo para hacerlo, es decir, la violencia institucionalizada que lo sostenga, el monopolio de la fuerza que corresponde al estado de derecho.  Por mucho que sea un golpe que se pregone inocente y educado, es un golpe dado con las armas, con la confianza de que se tienen y de que se impondrá la nueva ley a quien disienta dentro del territorio. Fuera del territorio, se da por descontado que no tendrán problemas por incomparecencia del rival—y hasta ahora no van desencaminados.

Se está dando un golpe de Estado con las armas en la mano, YA. Y, por cenutrios que sean los artífices, me resisto a creer que también a ellos se les haya escapado este detalle, que posiblemente esperan que vaya a pasar desapercibido para los demás.

Epidemia tribal

Los republicanos sentando sus reales

El derecho a ofenderse

 31 de agosto de 2014

Sobre el derecho a ofender (a no confundir con la obligación o vocación de ofender) ya escribí en tiempos en "El derecho a la blasfemia."   Un derecho a la blasfemia que en España es más bien un hecho que un derecho, o, en términos legales, un desiderátum, aunque muchos lo consideren indeseable en el momento en que se blasfema contra sus propios dioses (y normal cuando se blasfema contra los dioses falsos). 

Quiero decir que en España existe en el código penal un delito que es el de la ofensa a los sentimientos religiosos. Es un delito peligroso de recoger en un código legal, por su indefinición.  Sería más lógico, aunque quizá impresentable constitucionalmente, que la ley hablase de "ofensa a los sentimientos religiosos de los cristianos" o "de la mayoría social"—que es lo que quiere decir sin decirlo, claro. Porque sectas y cultos caprichosos, y muy susceptibles de ofenderse porque respires, los hay a patadas, y es obvio que la ley no cubre sus supuestos derechos a sentirse ofendidos. 

Casi es para pensar que esta ley que tenemos es mejor que no se aplique sino en raros casos... de no ser porque el hecho mismo de que haya una ley que no se aplica sino en raros casos es de por sí una ofensa al gusto, jurídicamente hablando. Quiero decir que más ofende al gusto la aplicación arbitraria o selectiva de una ley estúpida o injusta, que la misma injusticia establecida por esa ley. Es, en suma, una ley abusiva, de esas que intimidan más que regulan, de las que te hacen estar en perpetuo estado de ilegalidad potencial sin que se apliquen de hecho, y que cuando se aplican es de manera errática y arbitraria, o a instancias de parte influyente y abogado caro. Una peste, vamos; y aún tenemos suerte de oír hablar tan poco de esta ley de la blasfemia, a la espera de que (no creo) a los votantes y partidos de este país les entre un soplo de racionalidad y redacten una ley menos absurda.

Pero hoy quería escribir de estas cosas a cuenta de un capítulo sobre teatro de comunidades culturales minoritarias, en el libro de David Lane Contemporary British Drama (2010). Me ha parecido sintomático, el párrafo siguiente, sobre algunos cruces de cables que produce la hipercorrección política. Algo que el mismo autor cree denunciar y apenas sabe cómo, quizá por miedo a pisar callos de minorías ofendibles y airadas y cargadas de indignación e intolerancia:

"In a global economy so rife with consumer lawsuits that one cannot purchase a cup of coffee without being warned that the contents ’may be hot’, the free speech debate has been relocated with the consumer—or audience—now fighting for their right to be offended, rather than the artist fighting for their right to offence whilst using theatre to dramatise problematic issues. As Edgar is keen to point out, the theatre 'provides a site in which you can say things that are riskier and more extreme than the things you can say elsewhere, because what you say is not real but represented'. The development in victim power creates a dangerous existential shift in theatre whereupon suddenly, to represent is to actually be, and to simulate is to actually do: it is by this logic that Christian Voice decided to picket the Jerry Springer: The Opera tour ’on the grounds that a metaphorical dramatisation of a TV presenter’s nightmare is a literal representation of Jesus Christ’. Provocative comment and opinion are no longer protected by the artifice of representation." (Lane, p. 116-17)

Aquí hay cosas confusamente expresadas, o insuficientemente claras. No se trata de que las comunidades o minorías de gustos especiales exijan su "derecho a sentirse ofendidos." ¡Lo que exijen precisamente lo contrario! Lo que piden estos representantes de comunidades o minorías ofendidas es que el Estado o la Ley castiguen a quienes les ofenden, o impidan por la fuerza que se produzcan tales manifestaciones ofensivas. Que se prohíba ofenderles, o, yendo más allá, que se prohíban las cosas que les resultan ofensivas. Es decir, están contra la tolerancia de las manifestaciones artísticas, opiniones, etc., que sean ofensivas para las minorías. 

Se ve fácilmente que por allí llegamos a una dictadura de las minorías, o cuanto menos a un espacio público tan neutralizado o minimizado que apenas si podría uno pasearse sin turbante por la calle, ni con turbante tampoco. That way madness lies.

A Lane se le ve a la vez molesto con estos intentos de control y esta susceptibilidad un tanto primaria de la mente religiosa fundamentalista (que confunde, como los idólatras, la imagen y la sustancia)—pero también quiere reconocer ese derecho a sentirse ofendido. Ya decimos que lo de legislar sobre sentimientos no es lo que está en cuestión: cada cual es libre de sentirse ofendido y de actuar en consecuencia, mientras no viole la ley con esa actuación ni invada la libertad de los demás.

A los defensores de la sociedad abierta (y enemigos de imanes islamistas o del Bible Belt) debe preocuparles menos esta susceptibilidad de las víctimas de ofensa, que los derechos de los ofensores. Es previsible que en una sociedad donde ambos sean influyentes se establecerá algún tipo de equilibrio inestable, en tensión constante, entre estas fuerzas— y de esta situación no se puede ni se debe salir. Los gustos de la mayoría bien pueden ser ofensivos para la minoría, pero no por eso se han de coartar ni de prohibir en una sociedad democrática. Y las minorías tendrán que luchar permanentemente por defender su espacio de protección ante lo que consideran ofensivo en lo que es generalmente tolerado, o es expresión legal—acotando espacios o modalidades en los que se ejerzan los derechos de cada cual.

Ahora bien, las mayorías también deben establecer un espacio (más o menos amplio, según la tolerancia ambiental o el peso de las comunidades multiculturales) entre (1) lo que se considera públicamente deseable (que debe ser subvencionado o promovido), (2) lo que se considera normal o no tiene consideración especial, categoría no subvencionable; (3) lo que se considera indeseable (e incluso desincentivable) pero tolerable, y (4) lo que se considera indeseable e intolerable. Estas categorías las tienen revueltas o confundidas en Occidente mucha gente, no sólo Lane. Y en Oriente medio, ni digamos.

Y es que hoy en día la tolerancia tiene mala prensa. Nadie quiere ser 'tolerante' (pues sería tanto como ser un prepotente paternalista) y, sobre todo, vade retro, nadie quiere ser tolerado. Todos quieren ser respetados y admirados en su propia valía y en lo que son, tan buenos como cualquier otro, como todo el mundo debería reconocer. Todos somos para todos iguales, igual de valiosos, igual de respetables, igual de dignos. Así reza la doxa actual. No hay una vida que pueda valer para alguien más que otra, no hay una lengua superior a otra, no hay (o no debería haber) para nadie una ideología más respetable que las otras. Por no hablar de las preferencias sexuales, ejemplo eximio de nuestros días; no me pillarán a mí criticando las preferencias sexuales del vecino, aunque secretamente no las comparta.

Todo es igual de digno e igual de bueno e igual de respetable. Y quien hace amago de "tolerar" lo distinto es un prepotente, o un fariseo. Una idea tan absurda, hay que aclarar, que no puede evitar formularse junto con su negación de hecho casi en la misma frase, pues los que niegan la conveniencia de tolerar (de puro tolerantes) enseguida pasan a pedir censura y prohibición para lo que les ofende. Sin dejar espacio entre lo que a mí me va y lo que es legalmente permisible.  Lo que no se tolera tan apenas—visto que es prepotente tolerar—es que se diga de manera explícita que hay creencias, opciones, modas, ideologías y prácticas que hay que tolerar, por desagradables que sean, precisamente porque son sólo desagradables para el tolerante, pero son el espacio de libertad del tolerado. Es más, se hace difícil entender que las leyes no deben aceptar todo por el mismo rasero, sino que deben distinguir entre lo promovible, lo normal, lo tolerable pero desincentivable, y lo intolerable. Y todo esto según criterios que no son los nuestros.

En España hay cierta tendencia a confundir lo tolerable con lo subvencionable. El caso del aborto puede servir de ejemplo: apenas se distingue en las posturas de los partidos, y especialmente del PSOE, encarnación de la doxa que aqueja al país, un margen entre lo legalmente aceptable y lo subvencionable. Todo lo que es aceptable (para mi cuerda, claro) ha de ser legal, y todo lo que es legal ha de ser subvencionado—e incluso parte de lo ilegal, si me apuran. Ahora, que este razonamiento en absoluto se aplica a las prioridades de otros, eso va por descontado. 

 

Hace falta diferenciar un poquito más entre lo que es deseable para mí y lo que lo es o debe serlo para la ley; entre lo que es neutro para mí y lo que es neutro para la ley; lo que es indeseable pero tolerable para mí y lo que lo es para la ley, y por último, entre todas estas dicotomías y otra más: lo que es intolerable para la ley, y lo que es intolerable para mí. No conviene tener mezcladas ninguna de estas categorías, ni conviene por cierto ser ciudadano tan ejemplar que estemos encantados con todo lo que es legal. Menos aún conviene que se subvencionen con nuestros impuestos comportamientos indeseables e inaceptables. También extraigo de allí que los que somos raritos debemos (y los que son raritos deben) estar moderadamente agradecidos, o aliviados, de que se nos tolere —aunque no nos aprecie la multitud.

Así pues, los que gustan de un mínimo de apertura en la sociedad deberían (ellos sí) dar por bueno el derecho a ofenderse, en los dos sentidos. El derecho a ofender a otros—a quienes merecen ser ofendidos—dentro de los límites de la ley; y también su derecho a sentirse ofendidos: hay que dar por bueno que existan, y sean legales, y se toleren, y no sean reprimidos, manifestaciones, obras, opiniones o comportamientos que nos resultan inaceptables, de mal gusto, indeseables, indecentes, estúpidas o crueles. No hay que perder de vista, aun siendo partidarios de la tolerancia, el carácter ofensivo de ciertas prácticas que son legales y aceptables para otros, pues lo que es aceptable para otro no tiene por qué ser, de oficio, aceptable para mí.  (Ojo: digo que es bueno que exista el espacio entre lo deseable y lo legal—no digo en absoluto que tengamos que alegrarnos también de que esas manifestaciones toleradas por imperativo legal se den efectivamente—ya he dicho que son indeseables; lo que es deseable es el espacio de libertad, y de tolerancia, en el que se dan).  

Menos mal que aún podemos ofendernos por algo que es legal—allí está la paradoja, porque de hecho seguimos encontrando esos comportamientos o prácticas ofensivos, aunque amparados por la ley; crucialmente, unos son menos respetables y menos tolerables que otros. Y contra los más ofensivos e indeseables hemos de protestar. No contra lo que es ilegal, claro, sino contra lo que es legal e inaceptable. Aun respetando el espacio de tolerancia, distinguimos entre lo tolerable para la ley y lo tolerable para nosotros, entre lo legal y lo ético. Y no podemos, ni debemos, confundir estos dos espacios. No podemos admitir que las cosas sigan como están, ni que todo lo que es legal siga siéndolo por siempre jamás, y que todo lo que es injustificadamente ilegal siga siéndolo por siempre jamás. En esa tensión—la existencia de ese espacio de tolerancia pública, y la lucha contra lo indeseable o inaceptable, se da la acción política interesante o significativa, en la sociedad abierta.

Blasfemias, intenciones e interpretaciones

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Acomodarse

Hoy estábamos entregando el material para nuestras "oposiciones" en el Registro—y ha habido que ir a otro registro, en la Facultad, porque en el de la Universidad les parecía una cosa rara y sin precedentes, preferían que se hiciese cargo la Facultad, que es un registro auxiliar igualmente válido.

Y de camino, llevando nuestros materiales, nos encontramos con el Subdirector del departamento, y hemos cambiado impresiones. Nos ha venido a decir que no entiende nuestra actitud de confrontación con el Departamento, no aceptando sus criterios y planteando recursos y pleitos—Que aunque somos muy libres de hacerlo, por supuesto, no es bueno para nadie; y pedir que intervenga la Justicia es una actitud de confrontación. Que lo mejor es acomodarse y llegar a un entendimiento con lo que quiere la mayoría: no entrar como un toro en una cacharrería exigiendo los derechos de uno, y que se cumpla la ley, sino ver cómo se hacen las cosas en ese sitio en concreto, y buscar un acomodo. Y que si quieren privarnos de algún derecho quienes allí mandan... pues que lo mejor es ceder, y pedir permiso, no insistir en que "tenemos derecho a tal cosa."

(Por ejemplo a pedir docencia en el máster, que es de lo que va el conflicto presente. El subdirector partía de la base de que el conflicto lo creamos quienes protestamos y defendemos nuestros derechos, no quienes se saltan las normas para excluirnos).

Yo sostenía que como mínimo, ante la disparidad de criterios, habría que atenerse a la legalidad y a las normas—que uno era muy libre de renunciar a derechos si lo estimaba oportuno, pero que había que respetarlos en cuanto alguien exigía que se respetasen. Sobre la base del marco legal. Pero no me concedía el subdirector la mayor—lo de que tiene uno derecho a que se le aplique la ley. Que eso es ir de maximalista, me decía; la ley no es algo objetivo—hay que interpretarla con flexibilidad, y si el grupo quiere aplicará otro tipo de normativa que vote "democráticamente". Que lo primero ha de ser acomodarse al grupo dominante, evitando enfrentamientos, y si no te quieren en un sitio, una opción personal posible es marcharse—aunque tengas derecho a estar allí.

Ojo, que hablamos de la función pública y de una institución oficial, no de un club de amigos...

Así que sobre esa base concluyo que es imposible que nos entendamos. Hablamos idiomas muy diferentes. Mi tesis es que si en un rincón de la Administracion un grupo está acomodado a hacer las cosas a su aire, y llega alguien exigiendo que se hagan según la ley, es el grupo quien tiene que acomodarse. No a ese alguien, sino a la ley—que no es un gusto personal.

Feudalismos y sociedades feudales

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Retropost, 2019: Sic transit tempus. De estas batallitas hace 10 años. Los tribunales de justicia nos dieron la razón en nuestras demandas contra el departamento, y desmontaron el chiringuito feudal que tenían montado nuestros catedráticos para repartir la docencia con normas ilegales. Y las "oposiciones" para pedir asignatura, y otras chorradas de este estilo. Otras cosas han pasado. Nuestro edificio ha sido demolido, y estamos para muchos años en un edificio provisional. Nuestros másteres fueron suprimidos por falta de alumnado. 

En cuanto al subdirector con quien mantenía el debate citado supra, lleva años desaparecido, suspendido de empleo y sueldo por el Rectorado (al parecer) por incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones docentes, como ir a dar clase, por ejemplo.


Oigan, y dando consejos.