Retropost (14 de diciembre de 2008): Expertos comisarios lingüísticos

Hace unos meses, una comisión de "expertos"—expertos en seguir instrucciones del comisariado político, al parecer—elaboró un informe sobre la situación de las lenguas minoritarias en España, para el programa de defensa de lenguas minoritarias y regionales del Consejo de Europa. Y esta semana se ha aprobado sobre su base una serie de recomendaciones del comité de ministros al respecto.

Las recomendaciones van, cómo no, en el sentido de asegurar la protección de las lenguas minoritarias, y la posibilidad de su uso en las administraciones regionales correspondientes, asegurando que haya en ellas funcionarios que las conozcan, etc. Hasta ahí, muy bien.

Lo que falta en todo el razonamiento de estos comités sobre la situación española es la protección del derecho a usar la lengua oficial del Estado en dichas administraciones. Como se sabe, en buena parte de España, sobre todo en Galicia, Cataluña y el País Vasco, hay una serie de maniobras encaminadas a arrinconar en la medida de lo posible el uso del español como lengua común. De esto aquí ni noticia, en el informe—que naturalmente se basa primordialmente en los datos ofrecidos por las propias administraciones interesadas.

Se comprende en cierto modo que el comité, con sus anteojeras administrativas, ignore esta cuestión, pues su ámbito de competencia no son las lenguas mayoritarias y oficiales, sino las minoritarias. Aclara modestamente en el caso catalán que la protección a las lenguas minoritarias no quiere decir que esa lengua minoritaria deba convertirse en obligatoria, sólo que se asegure su uso en educación si así lo desean los padres. Se presupone, mucho presuponer en el caso español, que la lengua común, mayoritaria y oficial no necesita una defensa por parte de la administración. Y sobre este craso error (error posibilitado por la demencial lógica del secesionismo nacionalista en España, y la cancha que le dan los partidos mayoritarios)—sobre este error de base se edifica un informe detalladísimo que sin embargo es tuerto de oficio, pues tienen los informantes instrucciones de no ocuparse del caso de aquellas administraciones que han abolido el uso del español como lengua administrativa—en la educación, en la atención al ciudadano, etc.

Pero es que la ceguera voluntaria en este tema da lugar a una lógica perversa. De acuerdo, en Cataluña no parece haber problemas con la atención en catalán salvo en ciertos ámbitos de la administración de Justicia. Pero resulta que sí hay problemas con el español en muchos otros ámbitos—con lo cual el español debería tener el carácter de lengua minoritaria, con hablantes sin embargo numerosos cuyos intereses deberían ser competencia de esta Comisión de Expertos. Pero de eso no hay ni noticia: en sus instrucciones figura que el español no es lengua a observar o proteger, o cuyo uso deba ser asegurado. Del derecho de los particulares a usar la lengua mayoritaria si así lo desean—de eso ni media: tuertera selectiva otra vez. Y así tenemos lo que tenemos: ejércitos de expertos trabajando para negar lo evidente, y procurar que no tenga existencia administrativa el problema.

Y otra que tiene narices es que aquí se ocupan mucho del gallego hablado en Extremadura, que igual alguien lo habla, puede ser—pero no hay ni mención de otras lenguas minoritarias mucho más mayoritarias, como el árabe o el rumano de los inmigrantes. O el inglés, francés, holandés o alemán que hablan tantos turistas—como si éstos no existiesen.

Porque los del Comité siguen su instrucción y misión sin más, para la que fueron designados: promocionar en lo posible las lenguas minoritarias "oficiales". Lo de atender a que sea una proporción razonable de recursos lo que se destine a ellas, atender a lo que se habla de verdad, o no crear absurdos haciendo que las lenguas regionales sustituyan a las lenguas generales y mayoritarias... eso no entra en el ámbito del comité. Con esta lógica, y con las recomendaciones del Comité de Ministros, no parará la cosa hasta que aquí en Aragón nos sirvan la fabla aragonesa—¡y el catalán!— con cuchara y cucharón, hasta que estén en condiciones de sustituir al español en la administración regional. Que tendría narices. Pero así va la la lógica de estos procesos, y de nuestros políticos que velan por ellos.

Y esto "en democracia". Lo cual prueba que la lógica partidista, las instrucciones del jefe, del comisario político y del Partido, y el buen hacer borreguil del buen funcionario que se atiene a sus instrucciones—son todos fenómenos que se reproducen igual de bien en democracia que en sistemas supuestamente más regimentados. Espeluznante.

Tendencioso informe

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