Es una batalla judicial tremenda, la que lleva Fernando Presencia, en la que está en juego que salga a la luz la corrupción terminal de todo el sistema judicial español, empezando por la cima del Tribunal Supremo. Y es muy alarmante que ningún partido le esté dando apoyo, siquiera sea dejando de encubrir que estas cosas pasan en España.
Dicen desde ACODAP como sigue:
En un acto de venganza personal, Marchena prepara el ingreso en prisión del juez Presencia.
En un acto de venganza personal, Marchena prepara el ingreso en prisión del juez Presencia
En
mayo del año 2019, ACODAP, la asociación contra la corrupción y en
defensa de la acción pública liderada por el juez Fernando Presencia,
denunciaba al presidente de la Sala del Tribunal Supremo que en ese
momento estaba juzgando la causa del ‘procés’, Manuel Marchena Gómez,
por sus vinculaciones mercantiles con una empresa del abogado que se
querelló contra Puigdemont, Nicolás González-Cuéllar Serrano.
Según
datos del registro mercantil, González-Cuéllar figuraba como socio
único de la empresa “Ediciones Jurídicas Castillo de Luna SL”, que se
constituyó en el año 2014 coincidiendo con el nombramiento de Manuel
Marchena como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que
se le hizo formar parte de su Consejo Editor y además se utilizaba su
nombre como marca de la empresa. En los tres años siguientes (desde el
año 2015 al 2017) la mercantil facturó más de 400.000 euros.
Hace
unos pocos meses, la asociación del Juez Presencia denunciaba también a
9 de los 16 magistrados de la misma Sala 2ª del Tribunal Supremo por
sus presuntas cuentas en paraísos fiscales.
En concreto se trataba de:
Andrés
Martínez Arrieta (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno,
ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.
Julián
Artemio Sánchez Melgar (1.500.000 €) en 6 depósitos de 250.000 € cada
uno, ingresados en la entidad FRICK BANK de LIECHTENSTEIN en octubre de
2019.
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (1.200.000 $) en 12
depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAU de SAO
PAULO.
Andrés Palomo del Arco (1.200.000 $) en 6 depósitos de 200.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.
Pablo Llarena Conde (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
Vicente Magro Servet (750.000 €) en 5 depósitos de 150.000 € cada uno, ingresados en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
Susana Polo García (1.000.000 $) en 10 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BLADEX de PANAMÁ.
Carmen
Lamela Díaz (1.200.000 €) como titular única en una cuenta de ALLIED
IRISH BANK de OP DUBLÍN, figurando como beneficiaria de 6 depósitos de
200.000 € y fechados en agosto de 2018.
Ángel Luis Hurtado Adrián
(1.800.000 €) en 4 depósitos de 250.000 € y 8 depósitos de 100.000 €,
ingresados en NOVOBANQ de OP VICTORIA-SEYCHELLES.
Fue en ese
momento cuando Marchena comenzó a gestar su venganza personal contra el
juez Presencia, acusándolo públicamente de ser un calumniador y de
utilizar ACODAP como un mero instrumento para estafar a “confiados
ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la
búsqueda de las informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de
los magistrados de esta Sala”.
El colofón ha sido el auto
notificado en la mañana de ayer donde Marchena, lejos de abstenerse, se
nombra así mismo como ponente e inadmite a trámite el recurso de
casación contra una sentencia que condenaba a Presencia a 34 meses de
prisión por supuestos delitos de calumnia y denuncia falsa.
La web de Acodap está bloqueada por orden judicial, aunque aún
pueden verse sus Facebooks, YouTubes y Twitters. El bloqueo es mucho de
temer que sea confirmatorio de la corrupción del Supremo y sus
maniobras (¿desesperadas o despechadas?) por ocultarla al público.
Parece un exceso de precacución, el bloqueo, y quizá contraproducente, dado que el público está a las gambas y al fútbol, y no le importa ni poco ni mucho la corrupción del sistema judicial y de las sentencias... Y cuando ni siquiera la prensa ni los partidos más críticos contra el sistema se hacen eco de estas noticias ni apoyan de ninguna manera al juez Presencia.
Si todo esto es cierto, este país es un teatro infecto y grotesco que no tiene remedio ni redención posible.
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