Hoy hemos tenido por fin una reunión con el Vicerrector de Estudios de Postgrado. La habíamos solicitado tras la solución en falso dada por el Departamento al problema del programa de Doctorado de nuestro departamento, que había sido elaborado con criterios contrarios a derecho. ¿Para excluirnos? El caso es que nos excluía, con contumacia. Detalles y antecedentes aquí. Queríamos saber los recurrentes si el Vicerrectorado iba a cuidar de que se aplicase la resolución del Rector a nuestro favor, o si iba a dar por buena la resolución del Departamento (que continúa excluyéndonos).
Pues bien, en sustancia, el Vicerrectorado da por hecho que mientras no se diga lo contrario (es decir, mientras no lo diga el Gabinete Jurídico) el Departamento ha cumplido con la resolución del Rector, y que el problema está zanjado, puesto que la solución dada por el Departamento no ha sido recurrida y por tanto es buena a efectos oficiales. Le hemos hecho notar al Vicerrector que por este procedimiento, el problema podría seguir rodando eternamente, pues el Departamento seguiría dando soluciones fingidas (pantallas de humo administrativas) a las resoluciones que siguiese recibiendo del Rectorado. Ante esto, el Vicerrector nos ha manifestado que seguramente esto dejaría de ser problema suyo en cuanto terminase su mandato.
También nos ha sugerido que dirigiésemos nuestros recursos exigiendo el cumplimiento de la ley y de la resolución del Rector o bien al Director del Departamento (presente con nosotros en la reunión) o bien al Decano de la Facultad. Pero el Director ya nos ha manifestado muy claramente que siendo que había criterios dispares en el Departamento, él no iba a tomar ninguna postura a menos que se le obligase por instrucciones de la superioridad. (En la práctica, claro, acepta la solución votada por el Departamento, aunque sea un toreo a la resolución del Rector). En cuanto al Decano, tras una entrevista con él nos manifestó que la Facultad no cuenta entre sus competencias la organización de los postgrados, y que en ningún caso intervendría en cuestiones de organización docente, reclamaciones, etc. (Cosa que ha sorprendido bastante al Vicerrector, pues ha insistido en que es la Facultad la responsable de la organización del postgrado).
Total, que ni el Director del Departamento, ni el Decano, ni el Vicerrector entienden que sea labor suya hacer interpretaciones de ningún tipo sobre si el postgrado se ajusta a derecho, o sobre si la solución dada por el Departamento es aceptable. Como no las hicieron antes de la resolución del Rector a nuestro favor. Recordemos que la solución en falso propuesta por el Departamento consiste en suprimir los criterios contrarios a derecho de la memoria del postgrado, pero seguir aplicándolos implícitamente, pues siguen excluidos del postgrado los profesores que estaban antes excluidos por esos criterios contrarios a derecho—sólo que ahora quedan excluidos por arte de birlibirloque, sin criterios que lo justifiquen. Pero, aun considerando que eso es lamentable, ninguno de los responsables se siente capacitado o inclinado a intervenir—ni a tener una opinión o un criterio al respecto, de hecho. Al parecer, sólo el Gabinete Jurídico conoce, en esta Universidad, los principios básicos de la organización docente (por ejemplo, que hace falta mayor capacitación académica para impartir un nivel de estudios superior, y menor para impartir un nivel de estudios inferior). Los demás responsables no saben, no contestan, y se remiten a lo que se resuelva por vía de recurso.
Balones fuera. Pues bien, plantearemos un nuevo recurso para que se aplique el recurso anterior—visto que esta Universidad sólo se mueve a golpe de gabinete jurídico en cuanto hay que contradecir a los poderes fácticos. El cascabel está sobre la mesa. Pero todo el mundo tiene alguna buena razón para no ponerlo. Ahora, eso sí: darle el visto bueno a un postgrado con criterios abusivos, denunciados por activa y por pasiva por este que firma, y corroborados por el Rector luego como ilegales—ante eso nadie se echa para atrás, es curioso. Cualquiera diría que eso mojaría más al personal—pero no.
Y el que molesta es el que protesta de que eso suceda, claro, no los que se apropian de los programas oficiales en beneficio propio y del grupito. Mientras la Universidad deja hacer—a ver si nos cansamos de protestar, con lo trabajoso que es.
Pues saben qué, que igual nos cansamos. Entonces sí que será el mundo feliz. Resultado: que sean los directores de proyectos de investigación quienes organicen la docencia de los postgrados, situando sólo a los miembros de sus equipos y excluyendo a quienes no trabajen para ellos. Porque de eso se trata este asunto, de dar por bueno o no ese proceder. ¿Es eso lo que quiere la Universidad? Pues si no lo es, poco se le nota.
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