Según publica hoy La Razón, la policía lingüística va cogiendo fuerza en Cataluña:
la
agencia catalana del consumo envió una misiva a varios
establecimientos, a la que ha tenido acceso este diario, advirtiéndoles
que «según el Estatut y el artículo 2 de la Ley 1/98, de Política
Lingüística, la lengua propia de Cataluña es el catalán». Sólo ocho
días antes un comercio se veía obligado a pagar un multa de 1.200 euros
por documentos mercantiles y ofertas de servicios no escritos en la
lengua vernácula.
La
carta enviada es un requerimiento con plazo de dos meses que recuerda
que la actual normativa establece que «la señalización y los carteles
de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios (cualquier documento empresarial que detalle las
características de los productos o servicios, ya sean prestaciones,
precios...) de los establecimientos abiertos al público deben ser
redactados, por lo menos en catalán». De no cumplir con estas
condiciones, se advierte de que en un período de dos meses, es decir el
próximo 31 de julio, se iniciarán las actuaciones necesarias para
corregir la infracción. Es decir, se procederá a multar a la empresa o
establecimiento.
Todo
esto proviene de la irresponsabilidad del Tribunal Constitucional (y
del Parlamento, y del Gobierno), al templar gaitas y no anular una ley
que obviamente atenta contra el artículo tercero de la Constitución.
Este dice así en sus dos primeros puntos:
1.
El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los
españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
El punto dos haría factible (si bien se trataría de una medida opresiva) la obligatoriedad del bilingüismo en organismos oficiales.
Aplicado con intencionalidad política manipuladora, se utiliza para
penalizar el uso por parte de particulares de la lengua oficial
declarada por el punto uno. Esto no hay legislador que pueda
justificarlo, ni político que pueda defenderlo, sin una voluntad muy
decidida de practicar el doublethink.
Aquí,
como en tantas otras cosas, los nacionalistas y el Partido Socialista
actúan de modo irresponsable contra la letra misma de la Constitución.
Las consecuencias a largo plazo de estas políticas torticeras y
manipuladoras pueden ser funestas. Poco a poco se va viendo. Y lo que
nos tocará ver aún.
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