Algunos dicen que en mis protestas pierdo los papeles, pero no—los tengo muy ordenaditos. Hoy he retirado del Rectorado la documentación de la oposición a cátedras a la que me presenté en 2003. Llevaba allí años archivada, tras un largo proceso de recursos, primero dentro de la Universidad y luego en los tribunales de lo contencioso administrativo. Ahora ha terminado el último y me la llevo, con el caso perdido ante los tribunales.
Vengo comentando en detalle, aquí, la sentencia según la cual se desestiman mis recursos contra la actuación del tribunal de oposiciones o "comisión evaluadora", por defectos de forma. Por defectos de razonamiento o de conocimiento o de criterio del tribunal no vale la pena recurrir en estos casos—está la famosa "discrecionalidad técnica" que permite que los tribunales de oposiciones hagan de su capa un sayo cuando deciden meterse a sastres. Así que (haciendo abstracción de muchas otras lindezas) alegué ante los tribunales únicamente los numerosos defectos de forma que a mi juicio se dieron en la oposición.
Lamentablemente, el juicio de los jueces ha resultado favorable a la Comisión, y la cosa se queda como está: un señor cabreado (yo) con muchas opiniones personales contra una comisión que actuó correctísimamente. Asunto cerrado, hale, y a cascala, supongo que opinarán algunos. Esa es "la verdad oficial" del asunto, y con ella se pueden quedar los amantes de las verdades oficiales.
Sobre la actuación de la comisión, y el criterio de los jueces que no han visto ninguna actuación impropia, me reservo sin embargo el derecho de seguir opinando, derecho sancionado (que no sancionable) por la Constitución, y de exponer los hechos para quien quiera conocer algunos detalles de lo que se denunciaba, y cotejar con lo que han sentenciado los jueces. Es un caso supongo que no atípico, sino más bien muy ilustrativo de lo que pasa en las oposiciones donde hay denuncias por irregularidades. Normalmente quedan las denuncias enterradas bajo el papeleo, y va a misa lo que dice el tribunal, que es menos complicado. Y así llegamos a tener la universidad que tenemos, feudal y borreguil, porque donde no llega la justicia, mandan las mafietas, e impera la ley del silencio.
Cuando denuncio irregularidades, mentiras, falsedades puestas negro sobre blanco en las actas, no es por tanto que pierda los papeles. Es más bien que los tengo delante, y puedo comprobar la cara dura y los dobles raseros con la que han actuado en este asunto la comisión de los Doctores Onega, Garrudo, Martínez Vázquez y González Groba, el Rector y hoy director de Universidades Pétriz, y los jueces del tribunal de lo contencioso administrativo. Por ejemplo, sólo un par de detalles.
Uno. Con respecto al Rector, me aseguró en varias entrevistas personales que todo se investigaría y que recibiría una respuesta razonada a todos mis recursos—Claro que eso eran parole parole. Pues bien, el Rectorado contestó únicamente con silencio administrativo, e intentando luego que el caso fuera inadmitido por los tribunales (cosa que no consiguió).
Detalle número dos: en la oposición, los miembros de la comisión declaran como un solo hombre, por escrito, que no entregué en la prueba un proyecto de investigación, cosa falsa—una mentira y gorda sin más. Ante mis denuncias de la falsedad de esto, algo fácilmente demostrable acudiendo a la documentación, todos los órganos juzgadores han hecho oídos sordos, en una cosa tan flagrante—o bien ignorando mis alegaciones sin más, sin respuesta—blank— o diciendo que "dan por bueno el criterio de la comisión", así porque sí, porque lo dice la comisión—sin examinar la documentación que se les entregó. Si así actúan en una cuestión de blanco y negro, se entenderá que donde haya que interpretar algo, la ley del embudo va que vuela.
En la Universidad se lleva mucho lo de paciencia y barajar: si un tribunal te la juega, es de buen tono retirarte discretamente, castigado y con el rabo bajo, y esperar turno "a que te toque"—por falsarios que sean los argumentos y valoraciones que se hayan ventilado en la prueba. Luego vas haciendo méritos con quien ostenta el Dedo, por averiado que esté su criterio. Así los catedráticos y jefecillos locales van asentando su influencia, dejan claro quién manda, si ellos o las normas escritas, y su Dedo va designando a quién le toca y a quién no, al margen de criterios objetivables.
Tiene narices que en cualquier concurso para profesor Asociado, en mi universidad, se contabilizan los puntos y los medios puntos y los cuartos de punto de cada currículum hasta la náusea, y por un punto o medio punto se concede la plaza a uno u otro candidato. En cambio, en una oposición, ni baremos ni congas. Se coge a ojo de buen cubero la carrera de un señor, de veinte o treinta años de trabajo en el área, y sin mayor justificación ni apoyo documental, se dice así panorámicamente que "su currículum no es adecuado", y se deja vacante la plaza a la que se presenta en su propio departamento. Con un par—o con varios. De ir con el visto bueno de la cátedra local, un currículum parecido en cambio se valora —casos recientes se han visto— en cien puntos sobre cien, en lugar de en veinte o treinta sobre cien. Así, a ojímetro, y viva la función pública.
Pues no, señores—a mí no me parece el método adecuado, lo de callarme y esperar a que me bendigan. Y donde así se actúa renuncio a intentar promocionarme. Mucho más productivo me parece denunciar las malas actuaciones y la arbitrariedad. No sólo por afición, aunque a uno sí se le acaba desarrollando la afición a protestar cuando lo pisotean. También por obligación, como funcionario y como ciudadano interesado en que no proliferen en la Administración los corrillos de alianzas mutuas y de pleitesías. Sírvame esta obligación de excusa para mantener que, aunque la justicia se desentienda de él, the case continues.
Acabo de colgar en el blog universitario Fírgoa la tercera parte de mi comentario a "la sentencia de la Cátedra". Lleva de momento el asunto unas ocho mil lecturas allí, supongo que en general por parte de gente interesada por cuestiones de este género en la Universidad española. Espero que a alguno le haya servido como ilustración de los dobles raseros que se aplican en tribunales de oposición, y hasta en tribunales de justicia. Y de qué poco puede servir llevar ante los tribunales un caso de mal hacer administrativo, por documentadísimo que esté, si no hay "viento a favor" para empujarlo una vez allí.
Enterarse de lo que va mal es el primer paso, imprescindible, para remediarlo. Y no es que sea yo optimista, pero si renunciamos al derecho a la protesta, y a la denuncia, entonces sería que el mal hacer ya está enquistado más allá de toda esperanza de curación. Es más, estaríamos contribuyendo a perpetuarlo. Así que por mí que no quede. Y quien se anime a debatir sobre el caso, tiene la Red abierta. Pero me parece que seguiremos viendo mucha palabrería por este lado y un discreto silencio por el otro. Y es que en casos como estos sí es aplicable si no lo de Quevedo, sí lo de Wittgenstein—eso de que sobre lo que no se puede hablar, más vale callarse.
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