domingo, 16 de octubre de 2016

Retropost #1180 (16 de octubre de 2006): De inhabilitados a desacreditados


Las diferencias que se están introduciendo en el procedimiento de acceso a los cuerpos docentes universitarios pueden verse en este  PDF que compara la redacción de la LOU antes y después de su reforma (ver artículos 57 al 66). Ya comenté algún aspecto de esta reforma hace algunos días. Hoy me voy a centrar en el asunto de las acreditaciones—que me disgustan casi casi tanto como las habilitaciones. Podíamos preguntarnos, por ejemplo, por qué, no se requieren acreditaciones previas para ocupar ministerios, subsecretarías generales, etc. — y a esos cargos se permite el acceso de cualquier nominado a dedo por el pasillamen del partido. ¿Igual es que no era democrático acreditarlos previamente, o qué? Desde luego sí que les alteraría la lógica del corralito, y mucho... ya que no han tenido que hacer ni siquiera concursos de méritos para llegar a ponerse a tiro de un cargo.

Cuando yo me presenté a mi última oposición, todos los Profesores Titulares estábamos habilitados de oficio para presentarnos a las oposiciones a cátedras. Esa fue de las últimas oposiciones a cátedras por el sistema pre-LOU; con la entrada en vigor de la LOU, de la noche a la mañana quedó todo el mundo inhabilitado. Ah, amigo. Los que una semana antes podían concursar, ahora ya no podían. No sé si técnicamente hablando es ésta una ley con efecto retroactivo, pero desde luego a efectos prácticos no hay duda. Se creó un cuerpo virtual intermedio entre los catedráticos y los titulares de universidad (y otro entre los titulares y los no titulares, claro): los habilitados, cuerpo fantasmal que ocupaba plazas fantasmales y sin sueldo. Las plazas eran (son) muy reales en otro sentido: se convocan plazas de habilitaciones limitadas según el número de plazas "de verdad" que quieren cubrir las universidades. ¿Lógico? Pues podría parecer que sí, pero....

... la lógica perversa de este sistema (y digo perversa no sólo por sus elementos de círculo vicioso, sino porque se hizo a conciencia, cuando se veía venir de lejos lo que iba a pasar)—la lógica perversa, digo, se verá con este ejemplo práctico de mi universidad. Como digo, me presenté a cátedras, pero la plaza (¡ay!) no se cubrió. Vale. Debería haber pasado al nuevo sistema, y generar una plaza de habilitación, para luego cubrirse, ¿no? Pues no. La universidad no quiere (va contra su política) sacar la plaza a concurso, y prefiere guardarla en salmuera, en tanto no haya un habilitado de la propia universidad que pueda cubrirla.  Vamos, ¿que no querías endogamia, que para eso dicen que pusieron las habilitaciones? Pues toma taza y media. Allí sigue la plaza de cátedra que digo, durmiendo el sueño de los justos, tres años después de la última prueba y siete u ocho años después de haber quedado vacante.

Las habilitaciones han quedado desacreditadas. Demasiada gente en movimiento para pocas plazas, alteración de la docencia, sistema costoso y engorroso... ¿pero es que no tenía un superior con talento el destalentado que propuso el sistema? No, no lo tenía, había que morir al palo. Vale, ahora se suprimen las habilitaciones, pero los profesores de los cuerpos docentes universitarios no quedan por eso habilitados. Tendrán que seguir pasando dos tandas de exámenes para acceder a una plaza. Se introducen las acreditaciones, con lo cual de estar inhabilitados hemos pasado a estar desacreditados. Necesitamos acreditación. (Es curioso, insisto, que los políticos que redactan estas normas no necesiten ellos nunca acreditación para nada, pero sí se la exijan a quien ha de tener titulaciones y  oposiciones y currículum bien nutridito para estar donde está. Aquí pasa como con sus sueldos: generosidad inexplicable para consigo mismos, y otra vara de medir para quienes han pasado el tiempo formándose como especialistas en lugar de ascender por la vía supersónica del dedo partidario).

Dos ventajas parecen tener las acreditaciones sobre las (casi) antiguas habilitaciones. La primera, una quizá de doble filo: no hay prueba presencial. Se valora el currículum del candidato, con lo cual es más cómodo para todos... pero las protestas y recursos se van a multiplicar, supongo. La segunda, que no hay un número limitado de "plazas". Así, es previsible que se acredite más gente de la que venía habilitándose. Se mantiene el concurso de acceso a la plaza en la universidad, claro... y ahí va a ser la fiesta de la endogamia. Con la mayor autonomía de la universidad, mayor flexibilidad de criterios, y candidatos todos acreditados, de casa y de fuera, pues poca duda va a haber de cuál es el candidato más conveniente y más adecuado a la línea de trabajo del departamento, ¿no? Bueno, eso si goza de las bendiciones del tribunal, que si su departamento se lo quiere quitar de encima, también lo va a tener fácil. En suma, preveo más endogamia y más perpetuación del feudalismo, todo bajo la garantía protectora de la acreditación.

Máxime cuando se ha suprimido una pequeña cláusula que daba un poco de chicha a las fantasmales plazas de los habilitados. En la redacción original de la LOU, los tribunales de la prueba de acceso (la oposición de verdad, en la universidad) podían dejar la plaza vacante un año, pero al segundo año la tenían que  cubrir si se presentaba un candidato habilitado. Aunque no les gustase, porque estaba habilitado, toma ya. Ahora en cambio, no. Puedes estar todo lo acreditado que quieras, pero si el tribunal estima (con su intocable discrecionalidad técnica) que no eres adecuado para la plaza, no te servirá ni el currículum ni la acreditación ni el Nobel de medicina. Ni el primer año ni el segundo.

Esto me recuerda que sí que había en las viejas oposiciones un informe preliminar donde el tribunal expresaba su opinión sobre el currículum del candidato, previamente al primer ejercicio. En mi caso, en la cátedra que quedó vacante, todos los candidatos fuimos valorados positivamente por el tribunal, es decir, que teníamos en principio, a juicio del tribunal, el currículum esperable para ocupar una plaza de cátedra (una especie de habilitación sobre el terreno). Ello no impidió que en la oposición a la que me refiero luego ninguno de los candidatos superase la primera prueba (y eso que teníamos todos sexenios de investigación, otro dato indicativo). O sea, que discrecionalidad.... a discreción. Y ahora, parecido. Los acreditadores y acreditados, que canten misa si quieren, porque quien decide sobre la adecuación de un candidato es únicamente el tribunal de la segunda prueba, "en la casa". Y las reclamaciones no serán solventadas por una comisión específica del área de conocimiento, con lo cual la discrecionalidad técnica quedará intocable. Y baremos....  eso es para las plazas de asociado, hombre, eso de contar puntos. Aquí, en las oposiciones a titular o catedrático, funciona mejor la inspiración general del tribunal, la atmósfera, nada baremable, en todo caso. El mismo currículum puede valer un 10 o un cero, según respire el tribunal. Toma ya criterio técnico.

Todo esto poca traza lleva de cambiar con la nueva ley. La reforma de la ley no añade garantías objetivas para que sea el candidato con más mérito y preparación quien obtenga la plaza. En todo caso suprime algunas posibles garantías, y convierte el primer examen en un mero trámite vacío de contenido frente al segundo—un trámite que puede que te acredite, pero desde luego no te habilita para nada.

Ahora que, de todo este proceso de reforma en las oposiciones, lo más pasmoso ha sido ver cómo los cuerpos enteros de profesorado universitario (menos los catedráticos, que ya han hecho el último examen) han aceptado sin chistar su inhabilitación y desacreditación en masa por decreto-ley. Sin movimientos de protesta, sin extrañarles siquiera. Debe ser porque ya saben que se trata, antes y después, básicamente de aguardar turno, estudiar la correlación de fuerzas y ubicarse correctamente. Que las barreras, por muchas que haya, se alzarán al paso del Elegido, y que lo más seguro bajo cualquier sistema es saber quién manda y estar en el corrillo adecuado; lo de escuernarse a trabajar sin más es, pongamos, secundario, por no decir irrelevante. Vamos, igual que si fuésemos todos para ministros.




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