En Por la boca muere el pez me entero de un manifiesto que está circulando por Internet, el 'Manifiesto por la liberación de la cultura', que recoge firmas en respuesta a los últimos movimientos del gobierno en favor de los interesados en la propiedad intelectual. El manifiesto proclama la nueva era que se abre con Internet para la difusión de la cultura, y denuncia los intereses de las industrias distribuidoras de productos culturales. Pero (ay) deja en cierta indefinición el tema de quién debería pagar a los autores... Mientras los procesos históricos resuelven esa cuestión, le dejo este comentario en la web a este difusor del manifiesto:
Uau! Contundente; totalmente de acuerdo con el manifiesto. Pero ese acuerdo me viene de mi condición de funcionario. Si yo tuviese que vivir de los derechos de autor de lo que escribo, o compongo, o registro, mi opinión sería muy otra, y la suya también, Sr. Pez, ¿no cree?
De todos modos, y conforme a la primera frase de mi comentario, voy a la página web del manifiesto, en Culturalibre.org, y lo firmo. Ve allí, querido wreader, léetelo, y decide. Éste es un manifiesto importante, y es una especie de contraataque a través de Internet contra los que le quieren poner puertas al campo a estas alturas.
En lo que a mí respecta, he defendido desde hace muchos años la difusión gratuita en la red de los contenidos generados con dinero del Estado. Eso se aplica por supuesto a lo que yo escribo para la Universidad, que lo he colgado de la red en cuanto he podido. También electrifiqué y puse en libre acceso la revista de nuestro departamento, y defendí hace años que se hiciera lo mismo con las actas de AEDEAN y con su revista. (Si las actas siguen inaccesibles, la revista Atlantis sí está disponible gratuitamente ahora gracias a los esfuerzos y buen criterio del último editor). En su momento estas ideas sí que parecían absurdas a mucha gente, que por lo visto esperaban que amontonando sus publicaciones en un estante y vendiéndolas con cuentagotas era mayor el rédito. A eso siempre he respondido que los funcionarios producimos escritos subvencionados por el Estado, y que por tanto lo más lógico es que los pongamos a disposición del público que nos paga, utilizando el medio más barato, directo y universalmente accesible. Ahora tengo cada vez más claro que, en la medida de lo posible, hay que evitar los intermediarios en editoriales privadas (máxime si, además de pagarnos una miseria a los académicos, o de quedarse gratis con nuestro trabajo, nos cuadriculan la extensión y la expresión de nuestros escritos).
Quien opine de otro modo... bueno, pues que no firme el manifiesto, y que controle los canales de distribución. Si puede.
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